Corte invalida el sistema anticorrupción de la CDMX

El gobierno de Sheinbaum explicó que está conforme con la sentencia impulsada por la exbancada de Morena

Manrique Gandaria | El Sol de México

  · viernes 17 de enero de 2020

Los entonces diputados, y ahora integrantes del gabinete de Sheinbaum, acusaron de realizar un sistema a modo / Foto: Archivo

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que el procedimiento legislativo que permitió la expedición de las leyes del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México y la Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, estuvieron llenas de irregularidades por lo que lo invalidó por completo.

Ayer el pleno de la Suprema Corte coincidió en que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal incurrió en vicios procedimentales al momento de emitir las leyes que conforman el Sistema capitalino anticorrupción.

Los ministros abordaron tres acciones de inconstitucionalidad que promovieron diputados locales contra el aistema bajo el argumento de que las normas van en contra de leyes federales en la materia, por ejemplo, ya que permiten al jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al fiscal anticorrupción.

En sus argumentos, los legisladores consideraron que viola la Constitución al¡ designar al Fiscal y al Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción por mayoría simple, en contra de lo que mandata la Constitución.

Durante la discusión, los ministros llegaron al acuerdo que son inconstitucionales tanto las Leyes del Sistema como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Asimismo, declararon invalidas todas las reformas posteriores que se han realizado desde abril de 2019 así como la más reciente publicada este mes.

En octubre de 2017 el máximo tribunal del país, admitió a trámite las tres acciones promovidas por 25 diputados de la Asamblea Legislativa.

El Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México –señalaron los entonces legisladores- viola los lineamientos para el Sistema Local Anticorrupción de las entidades, fijados por el Congreso de la Unión en la Ley General que rige a este sistema, y lo calificaron como albazo.