El alcalde de Miguel Hidalgo, Victor Hugo Romo, y los concejales de Morena, Yair Figueroa y Raúl Paredes, fueron denunciados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por violencia política de género.

Laura Alejandra Álvarez Soto, exfuncionaria de la alcaldía Benito Juárez, presentó la denuncia por el uso faccioso de instituciones, ejerciendo violencia política de género en la que describe el “modus operandi” entre funcionarios y dependencias para la publicación en medios de comunicación de información falsa que le generó daño a su imagen.

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“Por ser mujer y esposa del precandidato del Partido Acción Nacional, eso es violencia política contra mí, como mujer en razón de género, al afectar el desempeño del cargo público que desempeñé, resulta discriminatorio y afecta el libre desarrollo de la función pública y la toma de decisiones”, relata Álvarez al referirse a la relación que mantiene con Mauricio Tabe.

Agregó que su desempeño profesional no puede ser juzgado por ser la esposa de alguien, “soy mujer y me están violentando, es algo que no puede pasar más en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y mucho menos en el país”.

La denuncia da cuenta del uso político de las instituciones para favorecer las aspiraciones de reelección de Víctor Hugo Romo en la alcaldía Miguel Hidalgo, “utilizando a mi persona, mi condición de mujer y esposa del precandidato de Acción Nacional a la Alcaldía Miguel Hidalgo para sus fines”.

Álvarez Soto, estuvo acompañada por las diputadas Gabriela Salido y Patricia Báez, así como de la concejala del PAN en Miguel Hidalgo, Gabriela González.

Salido manifestó su rechazo a la violencia en cualquiera de sus expresiones y llamó a ejercer en la ciudad una política de altura. “Hoy el agredir a una mujer tan sólo por tener una relación personal y sentimental con un actor político es nuevamente una expresión de violencia que debemos de combatir”.

De consignarse la culpa, el o los acusados no podrán aspirar a cargos de elección popular, por lo que pierden el derecho a ser registrados como candidatos o en caso de ya se hayan registrado, se cancela el mismo.

Además, el acusado quedaría boletinado en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres y una multa de casi 45 mil pesos.