Por los actos de tortura cometidos en contra de 176 víctimas directas, de las cuales 5 por ciento son adolescentes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió nueve recomendaciones que involucran a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México.
Nashieli Ramírez, titular de este organismo, explicó que adicionalmente se identificaron a 70 víctimas indirectas quienes fueron afectadas por dicha práctica que lacera la dignidad humana.
En la presentación subrayó que las recomendaciones no documentan hechos aislados de tortura, sino que en su conjunto, evidencian una falla estructural del Estado. Indicó que de los casos presentados entre 1995 y 2018, el 80 por ciento de los hechos que motivaron las quejas sucedieron entre 2012 y 2018 (130 casos).
El Segundo Visitador General, Iván García, puntualizó que el área a su cargo documentó cinco recomendaciones: la 10/ 2019 por Tortura en Centros de Reclusión de la Ciudad de México, la 11/2019 relacionada con Tortura contra jóvenes activistas privados de libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
La 12/2019 por Tortura y discapacidad psicosocial en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México 13/2019 vinculada con Tortura en Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México y la 14/2019 por Muerte por tortura de personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
Mientras que el Cuarto Visitador General, Juan Carlos Arjona, expuso que en su área encabezaron cuatro Recomendaciones: por falta de debida diligencia en la investigación de tortura sexual, el uso de tortura psicológica como herramienta de investigación, actos de tortura y malos tratos en contra de personas adolescentes y jóvenes, y sobre el uso de la tortura como método de investigación en delitos de alto impacto.
La Ombudsperson capitalina enfatizó que el impacto que tiene la tortura en la vida de una persona la convierte en una de las formas más graves de violación de derechos humanos, orientada a consumir su dignidad. Consideró imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas. Desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración auto-incriminatoria.
Aseguró que mientras las instituciones en su conjunto no internalicen y dispongan de un sistema de cero tolerancia a la tortura y lo den a conocer públicamente con la intención, además de reconocer este problema estructural y reparar el daño, los casos seguirán siendo generalizados.
Expuso que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Ciudadana elaborarán y remitirán al Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un informe sobre tortura en centros de reclusión, con las especificaciones establecidas en la Recomendación 10/2019.
También se recomendó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisar y, en su caso, modificar el acuerdo relacionado con el protocolo de actuación en manifestaciones, en el que se señale de forma específica la prohibición de cometer actos de tortura, así como penas crueles en contra de jóvenes en caso de su detención.