A un año de los sismos de septiembre del año pasado, 224 organizaciones sin fines de lucro (donatarias) no han entregado el total de los donativos que la sociedad civil y empresariado les confió para reconstruir la vida de los damnificados.
Estas entidades no han entregado donativos por mil 943 millones de pesos en efectivo y en especie, según da cuenta el último Informe de Transparencia de Donatarias por los Sismos de 2017, con corte al 31 de mayo, publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De las 224 organizaciones no lucrativas con recursos por entregar, 70 no han entregado un solo peso, entre estas se encuentran la del actor Gael García Bernal,
Documental Ambulante, que no ha entregado ninguno de los 35.3 millones de pesos que recibió en donaciones; la Fundación León XIII, con 20.6 millones; la Fundación Holcim México, con 19.6 millones; la Fundación Aliat, con 10.4 millones; y la Fundación Grupo México, con 9.8 millones.
Además, Banamex, Coca Cola, TV Azteca, Fundación Teletón e Inbursa. Hay 154 donatarias a las que las falta entregar una parte de los recursos como a la Fundación Carlos Slim, a la cual le restan por asignar a las comunidades afectadas 385 millones de pesos en donaciones; a la Cruz Roja Mexicana 308 millones; al Fideicomiso Fuerza México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, 286 millones de pesos por entregar; a la Fundación BBVA Bancomer, 220 millones; y a la Fundación Alberto Baillères, 99 millones.
DESTINO INCIERTO
Los datos corresponden al último reporte de donatarias entregado al SAT, y que cerró en mayo de este año, sin que al momento se tenga ninguna referencia de qué ha pasado desde entonces.
José Antonio Hernández, administrador central de Apoyo Jurídico de Servicios al Contribuyente de la dependencia explicó a este diario que al momento no se han detectado irregularidades y las demoras en la entrega de recursos pueden deberse a lo lejano del corte o a la naturaleza misma de las labores de reconstrucción.
"Mucho del destino de estos donativos es a infraestructura y los desarrollos para una construcción y vivienda son procesos más largos. Hace mucho sentido que proyectos más ambiciosos, como construir una escuela o arreglar los inmuebles de un municipio, lleven un tiempo mayor al que tuvimos al mes de mayo", dice.
Con los datos disponibles es posible saber que 580 donatarias, con recursos propios y ajenos, han entregado un total de mil 994 millones de pesos a las zonas afectadas.
La información es recopilada por el SAT a través de la información fiscal entregada por las donatarias autorizadas, como pueden ser facturas.
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Sin embargo, de este monto hay 830 millones de pesos sobre los cuales las donatarias no especificaron en qué entidad o municipio fueron entregados. La cantidad no es menor, es equivalente a todos los recursos que se reporta han sido entregados para los estados de Oaxaca, Ciudad de México y Morelos.
Las personas o instituciones que finalmente sí recibieron recursos tampoco quedan del todo claros, pues según las donatarias estos fueron entregados en múltiples ocasiones a "familias", "población en general" o "damnificados".
Además, el objetivo específico muchas veces queda catalogado en conceptos difusos como "materiales", "alimentos" o "herramientas".
"El principal problema que hay con la información es que justo no se puede hacer un rastreo del origen y el destino de esos recursos porque, no se tiene la política más amplia o mecanismos de rendición de cuentas para recursos privados.
"Puedes ver los recursos que recaudaron, pero no a dónde se están yendo, y esa es una de las partes más preocupantes, porque no sabemos qué proyectos, qué comunidades", explica Eduardo Alcalá, investigador en la ONG especializada en rendición de cuentas Fundar.
Según el experto, a falta de un marco legal que formalice la entrega de información por parte de donatarias en casos de crisis la calidad de la información también está en entredicho, pues se alimenta de los reportes de las mismas donatarias, que será verificado sólo en caso de una auditoría del SAT.
Por ejemplo, uno de muchos casos de donatarias que reportaron información con inconsistencias es el de la Fundación Unidos contra la Pobreza y la Marginación, A.C., cuyo responsable legal es el excandidato por el Partido Verde a la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, Fernando Gómez Rodríguez.
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Esta fundación de bajo perfil y sin sitio de Internet habría recibido en sólo cuatro meses donaciones por 75.6 millones de pesos y reportó haber entregado hasta 75.8 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas en 15 municipios de Chiapas y Oaxaca. El municipio de Cintalapa, el más beneficiado, presuntamente habría recibido 16.2 millones de pesos por parte de la Fundación con este fin, sin embargo, esta organización editorial no pudo corroborar qué autoridades o pobladores hayan recibido apoyo alguno.
El Sol de México acudió al domicilio fiscal de dicha fundación, ubicado en la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México, pero las residentes de una casa sencilla de un sólo piso refirieron que desde hace ocho años no laboran ahí.
HABRÁ SEGUIMIENTO
Cuestionado sobre la pertinencia y la calidad de la información que las donatarias han entregado al SAT, José Antonio Hernández refiere que se trabaja para establecer dos nuevas fechas para que éstas actualicen y enriquezcan la información que han entregado al fisco, tentativamente una para finales de noviembre y la otra hasta mayo de 2019.
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"Nosotros estamos ayudando a transparentar las donatarias autorizadas dentro del ámbito de nuestra competencia. Existirán reportes adicionales, estamos trabajando en ello, para que las donatarias con independencia de que ellas lo puedan hacer en lo individual tengan la obligación de transparentar la información hasta que se agote la totalidad de los recursos y la ciudadanía pueda conocer a qué se destinaron", asegura.
Transparencia Mexicana refirió como organización a este diario que el esfuerzo del SAT por transparentar los recursos de las donatarias es encomiable, sin embargo carece de información vital como nombres de los donantes, el tipo de gestión de los recursos que realizan o si los ejecutan directamente, así como tampoco se puede saber los intereses bancarios que pudieran estar generando de dichas aportaciones.
Así, añade, es necesario seguir estandarizando los lineamientos sobre el reporte de información mediante formatos generales, pero también a través de informes técnicos y financieros detallados.
"A un año no hemos podido evaluar si los resultados están siendo consistentes con los objetivos porque esta información no permite hacer esa valoración. No sabemos si las personas que resultaron afectadas y tenían que recibir recursos ya se les cubrió algún tipo de necesidad, o cuántas personas tienen una necesidad que no ha sido solventada ni por el estado ni por los privados", finaliza Eduardo Alcalá.
