Más de 40 casos de intentos de secuestro dentro del Metro y las inmediaciones de las estaciones han sido reportados y mapeados en redes sociales pero hasta ahora el gobierno de la Ciudad de México ha negado que exista alguna denuncia presentada de manera formal ante la Procuraduría.
Esta situación ameritó ya declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; de la procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy; del secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta y de la dirección del Metro, todas en el sentido de que no hay denuncia.
No obstante organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona, condenaron los hechos y fueron más allá: reiteraron su exigencia de que se decrete la Alerta de Violencia de Género en la capital.
En entrevista con El Sol de México, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, alertó que “la Ciudad de México no puede permitir esto (secuestros de mujeres), que no tengamos seguridad, que no podamos salir libres sin sentir que podemos ser privadas de la libertad”.
“Esto quiere decir que la Ciudad de México tiene que poner una luz roja, entiendo que la jefa de Gobierno ha dicho que es un tema prioritario (la defensa de las mujeres), queremos que así sea, que se tomen las medidas de seguridad inmediatas, se tiene que desactivar esto”, subrayó.
Por su parte Ana Yeli Pérez, de Justicia Pro Persona, lamentó en entrevista que “es terrible que la Ciudad de México esté viviendo esto, la forma en como se está cometiendo y la impunidad con la que están actuando habla de que no se le ocurrió a una persona, habla de redes”.
Ambas coincidieron en el entorno adverso para las mujeres, una realidad en la Ciudad de México, por lo que urgieron a que no se obvie la Alerta de Violencia de Género. Datos oficiales indican que hasta septiembre de 2017 había 463 mujeres desaparecidas en la capital.
Para Pérez Garrido la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México tiene grandes pendientes en la materia, desde dejar de clasificar las desapariciones como extravíos o ausencias, hasta consolidar equipos de búsqueda e investigación y eliminar la corrupción en peritos, policías y ministerios públicos, para garantizar un mejor acceso a la justicia para las mujeres.
“Están dadas todas las necesidades urgentes para que se declare la Alerta de Violencia de Género, ya estamos hablando de redes criminales y esto se ve en Jalisco, en el Estado de México y pues es mentira que la Ciudad de México sea una burbuja de los derechos humanos de las mujeres y esta situación es realmente alarmante”, reiteró.
VIVEN CON MIEDO
Zúe y Diana, dos mujeres que en días pasados denunciaron en sus redes sociales que fueron víctima de un intento de secuestro afuera del Metro en las estaciones Coyoacán y Mixcoac, respectivamente, coincidieron en que a raíz de esa experiencia viven con miedo al estar en la calle y han tenido que cambiar hábitos de su vida diaria para intentar estar seguras.
En entrevista Zúe contó que descargó una aplicación para teléfono celular llamada Life 360, misma que “comparte tu ubicación en tiempo real, tengo guardada la dirección de mi trabajo, de mi casa y la universidad donde doy clases. Les aparece a mis amigos 'Zúe ha salido de casa, o Zúe salió al trabajo. Es un monitoreo constante, les avisa cuánto tengo de batería, si apagué el teléfono, si me quedé sin red”.
Informó que sí realizó su denuncia ante la agencia del ministerio público, pero ésta fue clasificada como tentativa de robo en vía pública, ya que primero su agresor la intentó despojar de sus pertenencias y luego subirla a un vehículo.
En tanto Diana contó: “Ya no puedo irme al Metro sola, alguien tiene que llevarme sí o sí, yo no me siento segura ahí. Tuve que cambiar rutas, hábitos tipo de ya no ponerme los audífonos, siempre estoy al pendiente, con un poco de delirio. Salía a correr a un parque cerca de mi casa, y ahora me ha costado trabajo porque siento como si me estuvieran buscando”.
Descartó presentar su denuncia debido al temor de ser revictimizada, a perder horas en el ministerio público o a exponerse todavía más y sufrir alguna represalia.
