Un juez especializado en justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX impuso cuatro medidas cautelares al menor de 12 años de edad que conducía un vehículo que se accidentó en la delegación Tláhuac y provocó la muerte de cinco de sus amigos, todos menores de edad.
Entre las medidas cautelares impuestas por el impartidor de justicia se encuentran presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y prohibición de salir de la Ciudad de México sin autorización del juez.
Ello, luego de que este lunes el juez especializado en justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX presidió audiencia en el caso de un menor de 12 años de edad al que el Ministerio Público imputa el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo en contra de cinco personas, también menores; en hecho ocurridos el pasado día 18, en la delegación Tláhuac.
Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó el delito, y, a su vez, la defensa privada del menor de edad solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo viernes 2 de marzo cuando el juez defina si lo vincula o no a proceso.
El adolescente estuvo asistido por su defensa privada; su represente legal, en este caso funcionaria de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF-CDMX, instancia que ejerce la tutoría temporal; médico general y psicóloga, así como un familiar cercano.
También comparecieron las víctimas indirectas, es decir, familiares de los cinco menores de edad que fallecieron en el accidente, quienes estuvieron asistidos por su asesor jurídico y una psicóloga victimal.
El juez impuso al menor de edad las siguientes medidas cautelares: presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; prohibición de salir de la Ciudad de México sin autorización de impartidor de justicia; obligación de someterse a cuidado y vigilancia de personal de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. Todas estas, con vigencia durante el tiempo que dure el proceso.