Miguel Ángel N, al frente de la Subsecretaría de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas del gobierno local pasado, a cargo de Miguel Ángel Mancera, probablemente dirigió uno de los fraudes que más daño han provocado a las arcas públicas capitalinas, aseguró ayer Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En un mensaje a medios, el también coordinador de asesores de ese organismo explicó que el exfuncionario al parecer generó un daño irreparable a las finanzas de la Ciudad de México por mil millones de pesos aproximadamente, lo cual logró con posibles simulaciones de contratos, traslados en efectivo y desvío de recursos de la nómina de empleados gubernamentales.

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Justificó que Miguel Ángel N debe seguir en el Reclusorio Norte, porque los datos que aportó, al acogerse al criterio de oportunidad, no sirvieron para ser tomados como prueba y dolosamente uso su cargo aparentemente para organizar una red fraudulenta junto con otros funcionarios de su área para enriquecerse ilícitamente.

“El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocupaban, robaron el dinero de la Ciudad para beneficio propio, personas cercanas y familiares”, reprochó Lara López.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, recordó que el Gobierno del Distrito Federal realiza por ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del Impuesto sobre la Renta”.

Sin embargo, el exfuncionario posiblemente encomendó a personal su cargo, de total confianza, simular esa operación a través de la contratación de tres empresas para desviar mil millones de pesos aproximadamente; las compañías coludidas recibieron el 20 por ciento de ese monto como pago por la transacción.

Lo anterior, aseguró el vocero de la FGJCM, dio pie a una enorme operación de desvío de recursos, donde el dinero fue posiblemente entregado a ese grupo, con el objetivo de comenzar una distribución millonaria entre servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal y otros actores.

El segundo fraude, a cargo del mismo grupo de funcionarios cercanos a Miguel Ángel N, algunos de ellos con parentesco y conocidos entre ellos mismos, aprobó ilegalmente la gestión y entrega de diversas cantidades de dinero a servidores públicos de la misma área de gobierno, lo cual se realizó a través de supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal.

Los recursos posiblemente fueron trasladados en efectivo para repartirse a los trabajadores por medio de supuestos pagadores habilitados, pero el dinero no fue entregado completamente.

A pesar de que estuvo fuera del área a cargo del exsubsecretario de Administración y Capital Humano, el vocero de la FGJCM habló de las irregularidades cometidas por Julio César “N”, como administrador general de la Central de Abasto, donde posiblemente despojó de bodegas con clausuras para venderlas de ilegalmente y obtener el dinero de la transacción.

Asimismo, aparentemente celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y diversos servicios.

En este caso, la FGJCM detectó que los bienes de Julio César N y sus gastos no correspondían a los ingresos que en su momento obtuvo por los sueldos que obtuvo en los cargos que desempeñó. El incremento ilícito de sus ingresos suma cerca de 47 millones 874 mil pesos.

En otro tema, el vocero rechazó que exista una vulneración a la salud de Miguel Ángel N para que permaneciera en su domicilio, tal como la defensa lo aseguró en su momento, al argumentar un padecimiento crónico degenerativo.

“Tras hacer una valoración médica certificada de su estado de salud, se estableció que el exservidor público se encontraba en buen estado físico, que no le impide continuar su proceso en reclusión”.

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Finalmente, ningún acto de corrupción deberá permanecer impune y se le deberá perseguir y sancionar en el marco de la legalidad.