Juan José Serrano, presidente de la Fundación Barra Mexicana, dio a conocer que el lunes próximo se reunirá con el procurador capitalino, Edmundo Garrido, a las 19:00 horas, para conocer el estado que guardan las investigaciones relacionadas con el caso del Colegio Rébsamen, que se derrumbó durante el sismo del pasado 19 de septiembre.

Indicó que ha habido reuniones, pero más allá de ellas la exigencia de los padres de familia es que haya avances. “Ya hubo una detención, la de un Director Responsable de Obra (DRO) y se demanda que se localice y aprehenda a seis personas más”.

Sobre la dueña del colegio, Mónica García Villegas, que cuenta entre esas seis (los otros son corresponsables de la seguridad estructural y DRO), dijo que no hay todavía indicios ni elementos de dónde pudiera estar.

En conferencia de prensa, acompañado por tres padres que perdieron a sus hijos en el sismo, el presidente de la Barra Mexicana habló sobre el procedimiento penal en el que se acompaña a 17 familias –de un total de 19 niños y nueve adultos que fallecieron- en su demanda de justicia, pero hay otro civil, en el que los acompaña la asociación civil Impunidad Cero y la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Por su parte, Laura Rodríguez, consejera de la Fundación Barra Mexicana Colegio de Abogados, dijo que lo que los papás pretenden con la demanda civil es sentar un precedente para que se revisen el resto de escuelas que pueden estar en la misma situación que estaba el Colegio Rébsamen y evitar que esto siga ocurriendo.

En su oportunidad, Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, indicó que aunque puede pensarse que las afectaciones del pasado sismo del 19 de septiembre son consecuencia de un desastre natural, al hacer un análisis de las leyes e instituciones que se han creado en el país desde el sismo del 85, se puede concluir que la omisión y actuación irregular de diversos actores, magnifica los daños creados por los sismos.

El abogado litigante Julio Gutiérrez, de la Fundación Barra Mexicana, manifestó que en este caso se usa la acción colectiva y expresó que el factor de la caída del colegio no fue el terremoto; fue un defecto en la construcción que no se apegaba a la normatividad; tenía un sobrepeso de alrededor 225 toneladas.

En ello hay responsabilidades de los propietarios del colegio, pero también en el actuar de las autoridades y tiene que ver con las atribuciones que tenían que ejercer y si realmente las ejercieron de manera adecuada y eficaz.

En cuanto a la demanda civil, mencionó que hay 87 demandantes (familiares de fallecidos), que exigen restitución por daño moral e incluyen a padres, abuelos y destacó que se sigue una vía jurídica que es posible, pero no suficiente.

Ana Velázquez, Óscar Contreras y Fernando Flores dijeron que su lucha es respetuosa y pacífica y persigue el esclarecimiento de claros responsables y la modificación de las reglas. “Buscamos que este evento sea un antes y un después. Ni un Rébsamen más”.