Una red de funcionarios públicos del gobierno local anterior recurrió a tres modos de operar, a fin de robar dinero a la capital para beneficio propio, de personas cercanas y familiares, aseguró Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM).
Durante un mensaje virtual a medios, el también coordinador de asesores de esa institución presento el entramado para cometer esos ilícitos en los que están involucrados principalmente Miguel Ángel N y Julio César N, ex subsecretario Capital Humano y exadministrador de la Central de Abasto.
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El primer modus operandi fue tramado por el propio Miguel Ángel N y es que a pesar de que la dependencia a su cargo realiza por ley una función llamada “Solicitud de devolución del pago del Impuesto sobre la Renta (ISR)”, un grupo de funcionarios, al parecer coludidos, fingió hacer esa actividad por medio de la contratación de empresas, las cuales recibieron un pago a cambio de ello.
El vocero de la FGJCM sostuvo que ese grupo estuvo integrado por personas cercanas y de plena confianza de Miguel Ángel N, algunas de ellas, incluso, con parentesco familiares.
Posteriormente, no descartó que el asesinato de Martiniano N, representante legal de dos empresas involucradas, esté relacionada con esta simulación que provocó un daño patrimonial de 986 millones de pesos, ya que el pago por los supuestos contratos se repartió entre ocho compañías, hoy desaparecidas, y que cobraron el 20 por ciento de los recursos desviados a cambio de ayudar en este timo.
Asimismo, las ganancias del fraude fueron entregadas al mismo grupo de personas allegadas a ese exfuncionario encargado del desvío de dinero y entre quienes al parecer está Julio César N.
La segunda forma de operar, continuó el vocero de la FGJCM, también estuvo a cargo de Miguel Ángel N y consistió desviar recursos por mil 100 millones de pesos, a través del supuesto pago en efectivo de la nómina y de fondos de ahorro de los trabajadores del Gobierno local.
Las investigaciones apuntan a que esa cantidad al parecer fue trasladada en efectivo para entregarse a los trabajadores por medio de supuestos pagadores habilitados, que eran servidores públicos integrantes del grupo de Miguel Ángel N, pero el dinero nunca se distribuyó.
En este ilícito, aseguró el coordinador de asesores de la fiscalía, nuevamente se vio beneficiado Julio César N, quien orquestó la tercera forma de defraudar el Gobierno de la Ciudad de México, luego de que realizó posiblemente el despojo de bodegas en la Central de Abasto mediante clausuras y aparentemente fabricó delitos para luego venderlas ilegalmente y quedarse con el dinero. Asimismo, celebró concesiones irregulares con empresas para el cobro de estacionamientos aéreos, baños y otros servicios.
Con esto, hubo un incremento ilícito de sus ingresos por cerca de 47 millones 874 mil pesos, se detectó que tiene un patrimonio de cinco inmuebles y un lugar de estacionamientos en la Ciudad de México; además, se detectaron 14 propiedades, posiblemente relacionados con él, ubicadas en la capital, Cuernavaca y Acapulco, de las cuales no dio cuenta en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
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“El probable delito de enriquecimiento ilícito fue cometido por parte de una red de servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, durante la administración 2012-2018, quienes, con el uso de los altos encargos que ocuparon, robaron el dinero de la Ciudad de México para beneficio propio, personas cercanas y familiares”, subrayó Lara López. Finalmente, informó que los involucrados con ese dinero compraron inmuebles y artículos de lujo.
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