Israel Moreno Rivera, delegado de Venustiano Carranza, dijo que solicitará licencia al cargo para enfrentar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su destitución, mientras que el diputado José Manuel Ballesteros dijo que no hará uso del fuero, sino que acudirá a todas las instancias administrativas y judiciales a exponer su causa.

“No somos delincuentes”, dijo Ballesteros en una conferencia de prensa realizada ayer en instalaciones de la Asamblea Legislativa y acompañados de Leonel Luna, Raúl Flores, Socorro Meza y Elena Segura.

El diputado perredista, así como el exdelegado en Venustiano Carranza, recibieron el respaldo total de la bancada del sol azteca en la Asamblea.

En compañía del coordinador del grupo parlamentario del partido del sol azteca, en la Asamblea Legislativa capitalina, Leonel Luna Estrada, ambos implicados en la resolución de la SCJN por incumplir un laudo laboral, manifestaron que sin desconocer que la resolución es definitiva e inatacable, buscarán reunirse con los ministros para exponer su posición.

MANUEL BALLESTEROS

“No estamos aquí por hechos de corrupción, por el mal uso de recursos, el jefe delegacional no se robó nada. No somos delincuentes, es un tema netamente administrativo, respetamos la resolución de la SCJN y pediremos una reunión para ver cuáles son los elementos que valoraron, sabemos que no hay segunda instancia, y somos respetuosos de la ley y haremos valer nuestros derechos en el momento procesal oportuno”, manifestó el asambleísta.

Ballesteros precisó que está en espera de la notificación para revisar sus alcances y su fuero no va a ser utilizado ni para su defensa, ni para evadir ningún tipo de procedimiento, mucho menos uno de índole penal.

Explicó que el juicio inició en 2004 cuando cuatro supervisores de vía pública fueron despedidos por reestructuración. Los inconformes interpusieron una demanda laboral. Finalmente, el 6 de abril de 2017 fueron pagados casi 7 millones de pesos a los demandantes. Sin embargo, el fallo de la Suprema Corte consideró que hubo un presunto desacato por parte del gobierno delegacional.

Al respecto, Ballesteros López precisó que siendo delegado notificó el 5 de marzo de 2015 (a través de un documento) al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la falta de facultades para expedir las credenciales con la categoría de inspectores.

Precisó que hasta este momento, tanto él como el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno, no han sido notificados por la SCJN.

“Contamos con los elementos para librar este asunto, no nos vamos a esconder, vamos a venir a trabajar, si hay una orden de un juez nos vamos a presentar”, manifestó.

ISRAEL MORENO

En su turno, el delegado de Venustiano Carranza informó que solicitará licencia para darle seguimiento a su caso y no descartó la posibilidad de acudir a instancias internacionales para defender su derecho.

Aseguró que, si el delegado hubiera acatado la indicación de la SCJN, de entregar los nombramientos a los demandantes, hubiera infringido la ley, porque no tiene facultad para hacerlo, porque en la actualidad le corresponde al Invea.

Recordó” que para pagar los casi 7 millones de pesos implicó una reducción en el presupuesto de obra pública, pero se cumplió” con el mandato de la SCJN.

HAY RESPETO AL FALLO

El diputado Leonel Luna Estrada informó que desde la ALDF hay respeto al fallo emitido por la Corte.

Sin embargo, dijo que de emitirse las credenciales por parte del gobierno delegacional se hubiera incurrido en violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y a una irresponsabilidad que amerita una sanción de carácter penal, incluso la Contraloría pudo tener elementos para inhabilitar a los funcionarios.

Por eso, señaló, nuestra insistencia en hacer un llamado respetuoso a los jueces y magistrados, para que se revisen los casos a detalle más en ese periodo de transición también político administrativa que tiene la Ciudad de México de Asamblea a Congreso, de gobiernos delegacionales a alcaldías, con todas las reformas que se han venido dando en los últimos meses.

“Es inapelable el fallo de la Corte, pero el Segundo Juez de Distrito del Tribunal Federal Laboral, no tomó en cuenta varias consideraciones y no valoró el cumplimiento de la orden”, lamentó.

En tanto, la diputada Elena Segura dijo estar convencida que el proceder de Ballesteros López e Israel Moreno, ha sido apegado a la ley, y de acuerdo a las atribuciones que le competen.

“No se están valorando todos los elementos jurídicos de lo ya cumplido y de lo que no se puede cumplir porque no se tienen facultades. Entendemos que con las modificaciones a la Ley de Amparo se tiene que dar el cumplimiento total de la resolución, pero en este caso no había posibilidad jurídica para ello”, reiteró.