Mediados de 2017 en la Ciudad de México. David Fuentes, reportero especializado en temas de seguridad y crimen organizado, documentaba la incursión del cártel de Tláhuac en Ciudad Universitaria, la Máxima Casa de estudios del país y Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuando ocurrió algo de lo que hasta entonces se había librado.
Con 15 años de experiencia y con coberturas en sitios asolados por el narco como Ciudad Juárez, Tijuana o Tamaulipas, fue en la capital mexicana donde David se topó con amenazas por su labor periodística. “No sabes con quien te estás metiendo”, le dijeron a través de mensajes por su celular, correo electrónico y redes sociales. Era gente del cártel de Tláhuac, encabezado por el extinto Felipe de Jesús Pérez, conocido como El Ojos, quien fue abatido en un operativo de la Marina, como si de un gran capo de la droga se tratara.
“Al principio no hice mucho caso, pero me preocupé cuando recibí una llamada en la que me decían 'ya sabemos quién eres, en dónde estás, dónde vives, tal día estuviste en CU'. Me dieron datos muy específicos que sí me preocuparon”, recuerda David Fuentes en entrevista con El Sol de México. Las intimidaciones eran acompañadas con imágenes con su nombre y balas.
En el gobierno se negaban a ver lo que tenían entre manos. El entonces mandatario capitalino y hoy senador, Miguel Ángel Mancera repetía lo que se convertiría en el discurso oficial: “operación de un cártel en la ciudad no lo tengo reportado por las autoridades federales. Lo que hay es narcomenudeo y operaciones de bandas delictivas”, diría en mayo del mismo año en el que amenazaron a David Fuentes.
El informe Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva de la organización Artículo 19, documentó 544 agresiones a periodistas en 2018 vinculadas con su labor. Las entidades con mayor número de casos fueron Veracruz, con 57; Coahuila, con 47; Puebla, con 45; Ciudad de México, con 40 y Oaxaca, con 39. La mayoría de las agresiones fueron intimidación, hostigamiento y amenazas.
Un GPS por su seguridad
Mensajes como “le pedimos mesura en sus textos o saldrá lastimado, no quiere vivir una tragedia” –acompañada de un rosario y balas- orillaron a David Fuentes a acogerse al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. La experiencia dejó un sinsabor que perdura hasta hoy.
Como medida de protección le facilitaron un aparato de geolocalización para monitorear la ubicación de David en tiempo real, lo cual no ocurrió, al menos no de manera profesional. “Yo creo que los aparatos eran ya medio obsoletos, de repente lo checabas y tenías pila y luego se terminaba muy rápido y pensaba 'si me pasa algo el aparato no tiene pila'”.
Otra falla: personal de la Policía Federal, de la Marina, el Ejército y la PGR adscrito al Mecanismo de Protección le dijo que con el GPS en todo momento estarían al tanto de sus movimientos, incluso si dejaba la Ciudad de México, para saber si la salida era voluntaria o algo extraño le estaba pasando. “La verdad es que salí varias veces de la ciudad y nunca se daban cuenta”, comenta.
Y añade, no sin cierta indignación por recordar a otro colega asesinado por el crimen organizado: “ponen un sistema muy falible. A Javier Valdéz, que a pesar de que estaba también dentro del mecanismo de protección, lo mataron y también traía su GPS y tenía vigilancia. El sistema es muy vulnerable, no lo saben aplicar. Me queda esa sensación de que en cualquier momento me puede pasar algo, esté protegido o no (por el mecanismo)".
A la llegada del actual gobierno había 792 GPS con botones de pánico activos para periodistas y defensores de derechos humanos, pero de estos 209 llevaban más de 150 días apagados, 100 de 61 a 150 días apagados; 56 de 31 a 60 días; 84 de 11 a 30 días; 102 de 1 a 10 días; 230 días de un minuto a 24 horas y solamente uno no estuvo apagado en ningún momento.
Escribir desde el (casi) anonimato
Contundentes, los autores del libro Narco CDMX: Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto afirman que nunca más un gobierno de la capital puede negar –como lo hizo de principio a fin el anterior- la operación de los cárteles de la droga en esta urbe, sede de los tres Poderes de la Unión y que aporta por sí sola del orden del 17% del Producto Interno Bruto del país.
Sin embargo, para llegar a esa afirmación los periodistas tuvieron que trabajar durante más de año y medio en una serie de reportajes que resulta una suerte de radiografía sobre el narco en la capital, en la que relucen nombres como el Edgar Valdéz Villareal, La Barbie; los hermanos Beltrán Leyva, entre otros capos. Por el riesgo que esto demandó, los capítulos no llevan firma. Una prueba más del alto riesgo de la profesión.
“Decidimos firmarlo entre los tres sin poner qué capítulo hizo cada quien por varios motivos, entre ellos también por seguridad y protección. En el año y medio hubo algunas intimidaciones a integrantes del equipo, tuvimos que redoblar la seguridad y echar mano de algunos mecanismos y herramientas para poder hacer nuestro trabajo”, dice Romandía.
Y remarca Fuentes: si ya quedó demostrado que la Ciudad de México no es ninguna burbuja en materia de seguridad, también se empieza a resquebrajar la idea de que la capital es segura para ejercer la labor periodística.
“Nos han vendido la idea de que aquí no pasada nada, que es una ciudad cosmopolita, que hay mucha vigilancia, pero la verdad es que es igual de vulnerable que cualquier otra del país”, señala.
Protección endeble
Si bien entre el gremio periodístico hay una sensación de que se está intentando hacer del Mecanismo de Protección un verdadero sistema de seguridad, lo cierto es que persisten las críticas al grado de que el gobierno federal hará una reestructuración del mismo con las observaciones de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además se percibe una contraposición entre el mecanismo federal y el local –que no una descoordinación- pues, dijo en entrevista Diego Martínez, abogado de defensa del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, muchos casos terminan en el mecanismo federal de tal manera que el local queda en una especie de ventanilla previa.
“El mecanismo local mejoró muchísimo, sin embargo su función es en atención al mecanismo federal, en colaboración con éste y no así con medidas fuertes que haya implementado, se ha convertido en una especie de asistencia, medidas como temas de salud, educación, que no necesariamente son medidas de atención”, apunta. Y es que incluso algunas de las medidas aplicadas son la entrega de un directorio con los teléfonos de autoridades de seguridad.
El informe estadístico de enero indica que de 2012 –cuando arrancó el mecanismo de protección federal- se ha otorgado escolta en 32 casos de periodistas beneficiarios, 194 botones de asistencia, 95 patrullajes, 35 gestiones, 149 directorios, 38 manuales de autoprotección y solamente nueve denuncias presentadas.
“El mecanismo local se encuentra muy limitado en cuanto a las medidas de protección que puede brindar, son muy básicas. El mecanismo local pide colaboración por ejemplo para mandar un testigo supervisor, este testigo lo que hace es asistir a las casas de los beneficiarios para preguntarles si todo está bien, si hay algún incidente nuevo”, explica Martínez.
Por su parte Luis Velázquez, secretario general de la Asociación Periodismo Nación MX –que ha dado seguimiento al mecanismo local desde 2015- refiere que entre los fallos detectados a nivel local, por ejemplo, destaca que hay trabas burocráticas para que los periodistas desplazados accedan al seguro de desempleo, el cual además sólo se les brinda por seis meses.
“No hay manera de que periodistas que llevan desplazados cierto tiempo sin cobrar un sueldo aleguen el lucro cesante, es decir, que se les indemnice por todo lo que dejaron de percibir salarialmente. Entonces estamos en un momento en el que no se repara el daño, los hechos de agresión continúan, se revictimiza y los afectados tienen un futuro”, lamenta en entrevista.
ONU al rescate
Para intentar salvar el barco, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su oficina de Derechos Humanos en México, realizará un diagnóstico sobre el estado actual del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para identificar las debilidades y sugerir ajustes que aumenten la eficacia de las medidas de seguridad.
Aunque no hay una fecha precisa, El Sol de México pudo conocer que dentro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se piensa en un plazo de dos meses para tener si no el diagnóstico final, si un preliminar que permita identificar con claridad la situación del Mecanismo de Protección.
Para ello se harán mesas de trabajo con los periodistas y defensores de derechos humanos adscritos el mecanismo, ya que son ellos los que tienen la mejor evaluación del funcionamiento del sistema como, por ejemplo, lo subjetivo y tardado de la evaluaciones a través de las cuales se debe considerar víctimas a las personas que han sido afectadas en su labor, algo en lo que la Oficina del Alto comisionado coincide.
Para Luis Velázquez estas evaluaciones de riesgo son “una incongruencia, porque los periodistas o las personas defensoras de derechos humanos al momento en el que se les amenaza o se atenta contra su vida ya se le violó su derecho humano a la libertad de expresión y se le está afectando en su trabajo entonces ya son víctimas”.
Entre tanto, David Fuentes advierte sobre la violencia contra periodistas: “seguimos teniendo la ventaja de que es la Ciudad de México, los delincuentes todavía la piensan para poder agredir a algún reportero, pero esa idea errónea se va rompiendo poco a poco. A pesar de que sigue siendo una ciudad cosmopolita ya también se está vulnerando”. En la profesión como en el país casi nadie está a salvo.
