Aunque Irene presentó pruebas, videos y explicó a todas las autoridades de justicia la violencia que le aplicaba su vecino Jorge, el Ministerio Público le negó la oportunidad de contar con una orden de protección.
Su caso es conocido por quienes recorren Twitter a través del hashtag #LordGolpeador. Todo empezó en junio de 2018 cuando ella se percató que Jorge agredía a una mujer cerca de la puerta de su departamento y decidió apoyarla, ahí iniciaron las amenazas, golpes y agresiones en su contra.
Irene se ha topado con obstáculos colocados desde el sistema de justicia capitalino, desde persuadirla para no denunciar o que una abogada de oficio nunca le informó sobre sus audiencias, hasta uno de los más recientes, donde un Ministerio Público le negó protección.
Su abogado particular solicitó a una juez que Jorge no se acercara a los lugares que ella frecuentaba, tampoco a su familia ni a su domicilio. La juez le aclaró que esta medida debía de ser solicitada a través del Ministerio Público, quien rechazó emitirla pues “con que no se le acercara era suficiente”.
Pero la difusión de su caso en redes sociales y en televisión llamó la atención de las autoridades y finalmente logró protección de dos escoltas las 24 horas del día los siete días de la semana, ofrecida por el Gabinete de Seguridad y Justicia y no por el MP. Sin embargo, en enero le informaron que por falta de personal, solo una persona la cuidaría y con ciertas restricciones de horario.
La problemática que vivió Irene para obtener una orden de protección ha afectado a otras mujeres y así lo detectó el Grupo de Trabajo que analiza la petición de activación de una segunda alerta de género en la ciudad.
“Existen diversos problemas en materia de órdenes de protección, entre ellos, la falta de armonización, la falta de mecanismos de coordinación entre las instituciones encargadas de solicitarlas, los juzgados y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la falta de recursos materiales y humanos, entre otros”, detallaron en su informe emitido en enero.
Una de las recomendaciones que han extendido al gobierno capitalino es emitir un decreto por el que se crea la Unidad de Órdenes de Protección al interior de la Fiscalía General de Justicia a la que se le otorguen las facultades para emitir, coordinar, evaluar y dar seguimiento a las órdenes para las mujeres víctimas.
Otra de las propuestas es que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá conformar un cuerpo policiaco especializado en atender y proteger a las víctimas de violencia, y brindar las medidas de protección, en términos de lo establecido el artículo 59 fracción I de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Además el Poder Judicial deberá crear Juzgados Especializados en Órdenes de Protección que permitan la emisión de las medidas en los tiempos que la legislación señala.
"Empecé a ser acompañada a las audiencias, ellos viajaban conmigo, pero yo no entendía por qué yo tenía que cambiar mi rutina cuando él sigue por ahí", dijo Irene en entrevista.
El Grupo de Trabajo conformado por académicas de la UNAM y la Universidad Anáhuac, comprobó al visitar las Lunas y la Fiscalía, que existe una negativa por parte de algunas autoridades de cumplir con las obligaciones establecidas en la citada ley pues "hay dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que tienen la obligación legal de acompañar a las víctimas a tramitar las medidas de protección y continúan sin hacerlo o bien que no participan en la implementación de las mismas de forma adecuada".
De diciembre de 2018 a septiembre de 2019, se reportó la solicitud de 2 mil 857 medidas de protección, de las cuales solo 226 fueron rechazadas. El Grupo de Trabajo recomendó establecer un mecanismo sencillo y rápido para su tramitación. Irena tendrá una nueva audiencia el próximo 6 de marzo donde espera iniciar el juicio contra Jorge.