Yomaira fue privada de la libertad hace casi cuatro años, el 25 de febrero de 2015. Ese día, cuando fue detenida de manera arbitraria por elementos de la policía federal, Yomaira salía de su domicilio ubicado en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Iba en el auto familiar en compañía de su hija de ocho años, su esposo y un amigo, a quien acercarían a la estación del metro, pues acudiría a una entrevista de trabajo.
A unos metros, una camioneta les cerró el pasó, del vehículo descendió un grupo de personas con el rostro cubierto y con armas que apuntaban al carro de la familia. A Yomaira la tomaron del pelo y arrastrada para subirla a otro vehículo, mientras no dejaba de abrazar a su hija.
Ambas fueron llevadas a unas instalaciones donde fue separada de la niña, y la mantuvieron incomunicada por ocho horas. En los separos las agresiones se intensificaron: bofetadas, insultos e interrogatorios insistentes mientras se encontraba de rodillas y con las manos esposadas en la espalda.
Los policías le tomaron sus datos, la obligaron a bajarse los pantalones y subirse la blusa mientras daba vueltas y era fotografiada. Luego fue llevada a la SEIDO. Dos horas después volvió a ver a su hija, por lo que dio los datos de su madre para que fuera contactada y pudiera recoger a la pequeña.
Al día siguiente su madre de nombre Mónica acudió a recoger a su nieta y a ver a su hija. Las presiones de las autoridades presentes le hicieron saber a la madre que si no se apresuraba a llevarse a la niña también sería encarcelada. Ese día Mónica se fue, pero días más tarde, Yomaira volvió a ver a su madre, ahora privada de la libertad en el Centro Federal de Tepic.
Mónica falleció como consecuencia de los golpes y el maltrato que recibió durante su traslado al Centro. Algunas internas atestiguaron la brutal golpiza que recibió por parte del personal. En marzo del mismo año, a Yomaira se le dictó auto de formal prisión acusada de secuestro, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Las pruebas usadas para mantenerla privada de la libertad fueron las declaraciones de los agentes que la detuvieron, los mismo que la torturaron y incomunicaron durante horas. La incriminación se dio también porque supuestamente había confesado de manera “espontánea”.
Esta historia forma parte del documento presentado por el Centro Prodh: “Mujeres con la Frente en Alto: Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”.
Este caso de tortura sexual cometido por autoridades federales en la Ciudad de México no es el único. El Centro Prodh da seguimiento a 29 mujeres víctimas de tortura sexual en todo el país, entre ellas, Yomaira. De estas 29 mujeres, 26 todavía están privadas de libertad e incluso tres ya fueron sentenciadas. Sin embargo, estas 29 mujeres tampoco son las únicas.
Las cifras van más allá: el Centro Prodh estima 10 mil 462 denuncias por tortura en 2014. Según sus datos: solo 17 expedientes fueron consignados de un total de 8 mil 335 investigaciones iniciadas por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura en 2015. A nivel feral, se contabilizaron 15 condenas federales por tortura entre 2006 y 2015.
Las agresiones a las que son sometidas las mujeres víctimas de tortura sexual son: violación, amenazas de muerte, violación tumultuaria, golpes, asfixia, entre otras. Las consecuencias físicas y psicológicas no son menos graves: deformación de órganos, desprendimiento de matriz, y afectaciones al desarrollo económico y personal.
Los perpetradores se han identificado en todos los niveles: como elementos de la policía municipal, estatal, federal, así como elementos del ejército militar y de la Secretaría de Marina. También se detectó encubrimiento de parte de agentes de los Ministerios públicos de la PGR, de la SEIDO, y la omisión de parte de jueces y juezas quienes ignoraron las quejas por tortura sexual y no ordenaron la debida investigación.
De acuerdo al Informe, las comisiones de Derechos Humanos estatales y nacional también incurrieron en omisiones a la hora de atender los casos, por lo que a través del documento se les solicitó “investigar diligentemente, documentar y emitir una Recomendación General sobre la Tortura Sexual en México”.
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