Vania Solares tiene en su haber cuatro campeonatos de boxeo ganados, pues ha sido un deporte del que se ha tenido que abrazar para mantenerse activa frente a los siete años de cárcel que la sentenciaron por un delito que no le comprobaron.
Está privada de su libertad desde hace cinco años en el Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y su defensa la lleva un litigante otorgado por el gobierno a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para contratar a uno particular.
“No me he podido ir, el delito no está comprobado, y así hay muchas compañeras más. Hay muchas anomalías jurídicamente”, platicó sentada cerca del ring de box que fue montado sobre una cancha de basquetbol, pues antes de que ella practicara este deporte las mujeres no podían hacerlo.
Vania está recluida por el delito de robo agravado contra un transeúnte, y al cuestionársele qué cambios haría al penal si fuera la jefa de Gobierno, a lo que respondió que todo lo jurídico.
“Es donde considero que hay muchas cosas en las cuales a veces no tenemos, por ejemplo, yo no tengo el dinero para pagar un licenciado particular por consiguiente tengo uno de oficio”, expuso.
Vania no sólo batalla con tener un abogado de gobierno sino que para verlo y saber de su proceso jurídico es necesario salir de Santa Martha a otro juzgado en otro penal, y pocas veces puede ir.
“Tengo que buscar la forma en que alguien me pueda hacer el favor de meter un incidente, un escrito para que yo pueda ir para allá. Aquí pues podemos ir, igual está la atención, tenemos un defensor de oficio en el penal y en el momento que nosotros queramos podemos acudir, pero si considero que no es así de 'deja lo reviso por completo', somos demasiadas y pues sí creo que esa parte sería como muy importante”, reiteró.
La joven de 24 años de edad apelará al beneficio para salir de la cárcel, pues el sistema penitenciario ayuda a aquellas que se portan bien y atienden las actividades culturales del lugar, por lo que en meses existe la posibilidad de que abandone este lugar.
Pero ahora su mayor preocupación es la discriminación tanto laboral como la de la población: “ El salir y sentir el señalamiento por el simple hecho de que ya estuve en el reclusorio. Tener trabas para no progresar o continuar con lo que yo quisiera, eso es como otra cosa que también siento que va ser como un obstáculo”.
Para Rashel Cohen, presidenta de la fundación Rebeca Lan, la inclusión laboral de las mujeres que obtienen su libertad sí es problema a resolver.
“La inclusión laboral es una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas puestas en libertad, sólo cinco por ciento de exreclusas pudieron conseguir un empleo y 85 por ciento tienen hijos dependientes de ellas”, señaló.
La familia más cercana de Vania es su exsuegra, quien le cuida a sus dos hijos desde que quedó presa, por lo que se ve en la necesidad de trabajar dentro del penal.
“ Trabajo en sala grande, en sala de visita atiendo a la gente, les limpio la mesa, les llevo sus cosas a su instancia”, dio a conocer Vania pero no recibe un salario sino propinas y lo máximo que llega a recibir son 300 pesos.
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