La Ciudad de México ha sido un refugio temporal para mujeres y familias buscadoras de todo el país, quienes por amenazas o agresiones se han visto desplazadas de su lugar de origen.
Sin embargo, al carecer de protocolos de seguridad para estas personas, la capital también se ha convertido en un lugar donde viven agresiones físicas, emocionales e institucionales.
“No podemos decir que la Ciudad de México se ha convertido en un refugio para las mujeres buscadoras y sus familias. Es un punto donde migran al ser desplazadas, pero al no haber protocolos que las cuiden y garanticen su búsqueda tienen que ir de estado en estado”, señaló Aleida Quintana, buscadora y consultora de los problemas que enfrentan los buscadores en México.
Debido a esta situación, colectivos de buscadoras y la organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentaron un diagnóstico de seguridad en el que exhibieron ser objeto de agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, ataques armados, agresiones letales, desaparición forzada y a mano de particulares, y criminalización.
“Una madre buscadora que fue interceptada por hombres desconocidos a las afueras de la fiscalía estatal, quienes la golpearon en retiradas ocasiones y la arrastraron, arrebatándole las copias de la carpeta de investigación de personal de la Fiscalía acababa de entregarle”, se indica en el diagnóstico, donde relataron situaciones de familias buscadoras que les han obligado a migrar.
Ante este tipo de violencia, exigieron a la ciudad y todos los estados el reconocimiento público de los derechos humanos de las buscadoras, poner un alto a la estigmatización contra las personas desaparecidas y sus familias, sensibilizar y capacitar al personal de gobierno y de atención a la desaparición, así como establecer mecanismos de coordinación entre autoridades para garantizar la participación adecuada en la búsqueda y localización.
Además, pidieron que autoridades de gobierno local, federal y estatal adopten la Política Nacional para la Prevención y Erradicación de la Desapariciones Forzadas, propuesta por las Naciones Unidas, e incluir en ella a las mujeres y familias desplazadas por su labor de buscadoras.
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Para este 2024, indicaron, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México recibió 22 millones 872 mil 596 pesos; sin embargo, esta cantidad no ha sido modificada durante los últimos años, por lo que Quintana evidenció que el aumento al presupuesto para localizar a personas en la ciudad ha sido descuidado.
“Si no hay aumento es porque no están especializando a sus funcionarios, no hay protocolos de seguridad, o de trabajo para localizar a los desaparecidos. No ha mejorado el panorama de búsqueda aquí” reprochó la activista.