/ martes 25 de abril de 2023

Ligan empresa de hermana de Christian Von Roehrich en trama de corrupción inmobiliaria

El testigo anónimo refirió que la empresa fue utilizada por Von Roehrich para hacerse ilícitamente de dos departamentos

Ulises Lara López, vocero de la institución, en un mensaje virtual a medios dijo que un empresario inmobiliario, en calidad de testigo protegido, mencionó que Christian Von Roehrich , exjefe delegacional de esa demarcación, ya como legislador local, posiblemente le solicitó un departamento en “City Towers Park Grand”, el cual, precisó el funcionario, “sería adquirido por Antonio N, familiar político del diputado Jorge Romero, a un precio menor del real”.

Te recomendamos: Cártel Inmobiliario en Benito Juárez: dan al ex alcalde Von Roehrich prisión preventiva

Sin embargo, en su testimonio, el desarrollador de bienes y raíces reconoció que el departamento aún no lo escrituran y está en posesión de la empresa.

El también coordinador de asesores de la fiscalía presentó la segunda, de tres entregas, para documentar el esquema de operación ilícita con el que posiblemente obtuvo beneficios el exjefe delegacional de Benito Juárez y otras personas que han ocupado la titularidad en dicha jurisdicción, como es el caso del diputado federal Jorge N.

Al iniciar la conferencia, dio a conocer que Christian Von Roehrich utilizó a una empresa de su hermana y a su representante para posiblemente hacerse ilícitamente de dos departamentos, valuados en cerca de 10 millones de pesos, además de contratar a una compañía de su hermana, identificada como Sofía N, para simular el pago de los mismos.



En el primero de los insertos, el empresario, cuyo nombre no reveló el vocero de la FGJCM, informó que Christian Von Roehrich , en abril de 2018, lo citó en sus oficinas delegacionales para darle a conocer el nombre del negocio que se haría cargo de la adquisición de las propiedades, que pactaron anteriormente, y que era la de su hermana Sofía N.

El testigo protegido dio a conocer que los dos departamentos están en City Towers Green & Black, el precio del primero de ellos era de cinco millones y 900 mil pesos, mientras que el del segundo ascendía a cuatro millones de pesos.

Los interesados, uno de ellos la señora Sofía, en su calidad de representante de la empresa, firmaron los contratos de compraventa el 24 de abril de ese año en la sede de la compañía inmobiliaria, pero la cliente los pagó hasta febrero de 2020 y julio de 2021 “a través de los pagos que hicimos nosotros a la constructora y ellos nos lo devolvían posteriormente”.



Agregó que dieron el acta de entrega recepción de las propiedades el 29 de agosto de 2019, hay los contratos originales de ambos departamentos, pero solamente recibieron siete millones 434 mil pesos como pago, no los 10 millones de pesos de su valor.

“Esos los recibimos de parte de la empresa…en un periodo que comprendían también del 11 de febrero de 2020 al 15 de julio de 2021, lo anterior en forma de diversas facturas que se nos entregaban, aproximadamente 37 facturas que se nos entregaban, por los trabajos que no se llevaron a cabo y nosotros llevamos a cabo esos pagos”, describió el testigo protegido.



El vocero de la institución dijo que al seguir las investigaciones surgieron otras irregularidades cometidas al amparo de la reconstrucción de edificios afectados por el sismo de 2017.

Así, en la última grabación que presentó, el empresario comunicó que el delegado giró instrucciones para que le entregarán las estimaciones de las obras que la empresa realizó, pero que tres compañías facturarían el cobro de dichas labores.

“Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esta forma poder recibir dinero, que en ese momento la ciudad y la delegación estaban dando como apoyo para el tema de la reconstrucción por el motivo del anterior sismo”.

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Finalmente, Ulises Lara prometió otro mensaje a medios para dar a conocer detalles del modus operandi, que al parecer repitieron las administraciones posteriores, “con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público”.

Asimsimo, figuró el nombre del diputado federal Jorge Romero en el seguimiento de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) lleva a cabo sobre la probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la alcaldía Benito Juárez.



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Ulises Lara López, vocero de la institución, en un mensaje virtual a medios dijo que un empresario inmobiliario, en calidad de testigo protegido, mencionó que Christian Von Roehrich , exjefe delegacional de esa demarcación, ya como legislador local, posiblemente le solicitó un departamento en “City Towers Park Grand”, el cual, precisó el funcionario, “sería adquirido por Antonio N, familiar político del diputado Jorge Romero, a un precio menor del real”.

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Sin embargo, en su testimonio, el desarrollador de bienes y raíces reconoció que el departamento aún no lo escrituran y está en posesión de la empresa.

El también coordinador de asesores de la fiscalía presentó la segunda, de tres entregas, para documentar el esquema de operación ilícita con el que posiblemente obtuvo beneficios el exjefe delegacional de Benito Juárez y otras personas que han ocupado la titularidad en dicha jurisdicción, como es el caso del diputado federal Jorge N.

Al iniciar la conferencia, dio a conocer que Christian Von Roehrich utilizó a una empresa de su hermana y a su representante para posiblemente hacerse ilícitamente de dos departamentos, valuados en cerca de 10 millones de pesos, además de contratar a una compañía de su hermana, identificada como Sofía N, para simular el pago de los mismos.



En el primero de los insertos, el empresario, cuyo nombre no reveló el vocero de la FGJCM, informó que Christian Von Roehrich , en abril de 2018, lo citó en sus oficinas delegacionales para darle a conocer el nombre del negocio que se haría cargo de la adquisición de las propiedades, que pactaron anteriormente, y que era la de su hermana Sofía N.

El testigo protegido dio a conocer que los dos departamentos están en City Towers Green & Black, el precio del primero de ellos era de cinco millones y 900 mil pesos, mientras que el del segundo ascendía a cuatro millones de pesos.

Los interesados, uno de ellos la señora Sofía, en su calidad de representante de la empresa, firmaron los contratos de compraventa el 24 de abril de ese año en la sede de la compañía inmobiliaria, pero la cliente los pagó hasta febrero de 2020 y julio de 2021 “a través de los pagos que hicimos nosotros a la constructora y ellos nos lo devolvían posteriormente”.



Agregó que dieron el acta de entrega recepción de las propiedades el 29 de agosto de 2019, hay los contratos originales de ambos departamentos, pero solamente recibieron siete millones 434 mil pesos como pago, no los 10 millones de pesos de su valor.

“Esos los recibimos de parte de la empresa…en un periodo que comprendían también del 11 de febrero de 2020 al 15 de julio de 2021, lo anterior en forma de diversas facturas que se nos entregaban, aproximadamente 37 facturas que se nos entregaban, por los trabajos que no se llevaron a cabo y nosotros llevamos a cabo esos pagos”, describió el testigo protegido.



El vocero de la institución dijo que al seguir las investigaciones surgieron otras irregularidades cometidas al amparo de la reconstrucción de edificios afectados por el sismo de 2017.

Así, en la última grabación que presentó, el empresario comunicó que el delegado giró instrucciones para que le entregarán las estimaciones de las obras que la empresa realizó, pero que tres compañías facturarían el cobro de dichas labores.

“Ellos iban a hacer las facturas y acreditarse que dichos trabajos habían sido realizados por ellos, para de esta forma poder recibir dinero, que en ese momento la ciudad y la delegación estaban dando como apoyo para el tema de la reconstrucción por el motivo del anterior sismo”.

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Finalmente, Ulises Lara prometió otro mensaje a medios para dar a conocer detalles del modus operandi, que al parecer repitieron las administraciones posteriores, “con lo que más funcionarios de la alcaldía Benito Juárez han continuado beneficiándose indebidamente del erario público”.

Asimsimo, figuró el nombre del diputado federal Jorge Romero en el seguimiento de las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) lleva a cabo sobre la probable corrupción en el desarrollo inmobiliario planeado y ejecutado por autoridades de la alcaldía Benito Juárez.



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