Araceli Rodríguez, madre del sargento de la policía federal Luis Ángel León Rodríguez, desaparecido hace 15 años, confió en que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condene al Estado mexicano por la desaparición forzada del uniformado y le ordene la reparación del daño.
El caso tiene su origen en noviembre de 2009, cuando Raymundo Agustín Hernández, mando superior de la extinta Policía Federal, giró instrucciones supuestamente para que Luis Ángel, Jaime Humberto Ugalde, Pedro Alberto Vázquez, Juan Carlos Ruiz, Víctor Hugo López, Eduardo Israel López e Israel Ramón Usla, efectivos de esa corporación, viajaran para hacerse cargo de la seguridad en Ciudad Hidalgo, Michoacán.
El traslado corrió a cargo de los policías federales, quienes contrataron a Sergio Santoyo para que los llevara a esa zona, pero el rastro de las ocho personas se perdió desde el 16 de noviembre de 2009 y los autores intelectuales de la desaparición, integrantes de la Familia Michoacana, están en la cárcel.
La madre de Luis Ángel y su abogado reclaman la omisión de las autoridades, porque el mando de la Policía Federal envió a las víctimas a un área muy peligrosa de Michoacán sin medidas de protección ni un vehículo oficial, por lo que quedaron expuestos a un ataque.
Víctor del Pozo, abogado de Araceli, precisó que el organismo internacional está por decidir en este caso y que el cumplimiento del fallo es obligatorio para el gobierno de México, ya que firmó y ratificó su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que deriva la actuación de ese comité.
El Sol de México publicó en agosto del año pasado que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México autorizó la construcción del memorial para los siete policías federales y el civil desaparecidos, que era parte de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso, girada en 2017.
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Sin embargo, siete años después el monumento sigue sin construirse, como lo solicitaron los familiares, en la Avenida Periférico, frente al Centro de Mando de la entonces Policía Federal. Aracely Rodríguez acusó que falta presupuesto para la edificación.
Araceli Rodríguez señaló que la cadena de mando responsable de los hechos la integraron en su momento Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rafael Avilés, Facundo Rosas y Raymundo Agustín Hernández.
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El abogado de la madre del sargento precisó que recurrieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU para demandar justicia, luego de que la Fiscalía General de la República aparentemente rechaza investigar a esas personas. Las autoridades federales tampoco han ofrecido, hasta el momento, una disculpa pública a los familiares de los desaparecidos por su omisión de no darles protección.
