El gobierno de la Ciudad de México busca incrementar los años de prisión para los narcomenudistas y que lleven su proceso penal dentro del reclusorio, esta estrategia nace ante el incremento de la violencia y los asesinatos dentro de la Universidad Autónoma de México.
Ayer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera dio a conocer la iniciativa para reformar los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, y a los 137, 141, 144, 145 y 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entregó a los legisladores de la Asamblea Legislativa (ALDF).
Los diputados locales tendrán ahora la tarea de hacerle las observaciones requeridas y luego aprobarla, para que se envíe al Congreso de la Unión, ya que la propuesta es sobre leyes federales.
José Ramón Amieva, secretario de gobierno, entregó en la ALDF la iniciativa y mencionó que Mancera determinó que hay que dotar de herramientas para mejorar el funcionamiento de las autoridades.
LA PROPUESTA
De acuerdo con el documento, del cual El Sol de México tiene copia, se solicitó aumentar la penalidad reformando el artículo 475, este contempla de cuatro a ocho años de prisión, ahora se solicita de seis a 10 años y de 200 a 400 días de multa a quien sin autorización trafique narcóticos previstos en la Ley, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de lo previsto.
El artículo 476 estipula una pena de tres a seis años, y la propuesta es aumentarlo de cinco años un mes a ocho años .
También buscan aumentar el radio de protección, mientras actualmente se establecen 300 metros, ahora se propone un kilómetro de los centros educativos, centros asistenciales, centros policiales o centros de reclusión, es decir se amplía el perímetro para considerar una agravante. “Se incorporan los verbos rectores de transporte, tráfico, adicionales al de comercio y suministro para que también sean sancionados, esto no solamente otorga un mayor castigo a la persona que sea procesada también impide que tengan acceso a un tipo de beneficio para cumplir la condena que se le otorgue”, explicó Amieva.
Con los cambios a la Ley de Ejecución Penal buscan impedir que los narcomenudistas cuenten con los beneficios de la sustitución de la pena, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la suspensión condicional de proceso, y el procedimiento abreviado (el responsable acepta ser culpable) por lo que se les da una condena menor, pero esta puede ser reducida en un tercio y no a la mitad como está previsto en la Ley.
Se quiere, además, que el narcomenudista lleve el proceso penal en un centro de reclusión, que ya no tenga el beneficio de la prisión preventiva.
