Mediados de 2015. Seis y media de la mañana. Nancy caminaba hacia la parada del autobús, en la colonia Gertrudis Sánchez (Gustavo A. Madero), cuando fue víctima de un ataque sexual. Un hombre que bajó de un auto la abordó, pero ella pudo zafarse y escapar.
De inmediato acudió a la agencia del Ministerio Público GAM-3 para interponer la denuncia correspondiente, sin saber que su caso iba a empeorar: no sólo fue víctima de la violencia contra las mujeres, también de la nula procuración de justicia que padece la Ciudad de México.
Nancy tardó cinco horas en poder levantar su denuncia por abuso sexual, pero la pesadilla no acabó ahí. Un mes después fue citada a declarar en las oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia, en Fray Servando, y al llegar recibió intimidaciones de la fiscal.
“Me dijo que si estaba segura de denunciar y reconocer a mi agresor porque si no era me iban a demandar a mí por levantar falsos”, recuerda en entrevista. A eso se sumaron visitas de policías en su domicilio particular para interrogarla. Fue tal el miedo que desistió de seguir con la denuncia.
En 2017 a Mario le robaron su motocicleta dentro de la UAM Azcapotzalco. Al acudir a la Agencia 40 del Ministerio Público, se negaban a recibir su denuncia con el argumento de que se trataba de delito federal porque ocurrió en zona federal y lo enviaron a otro lugar, en avenida Camarones.
Al llegar al punto indicado se encontró con el mismo rechazo: que fuera a unas oficinas afuera de la estación Niños Héroes de la Línea 1 del Metro. De ahí lo volvieron regresar a la agencia 40 donde a regañadientes lo atendieron y tardó seis horas para poder levantar su denuncia.
Un informe de la Comisión Técnica que guía la transición de la Procuraduría a Fiscalía –a la que El Sol de México tuvo acceso- indica que la precariedad en la que está sumida esta dependencia desmotiva a las víctimas como Nancy y Mario a denunciar.
El documento advierte que “en la Ciudad de México, lamentablemente, sólo una fracción de los delitos que se cometen son denunciados a la autoridad. En 2017, por ejemplo, sólo uno de cada 10 delitos fue denunciado. Esta cifra es una de las más bajas del país, aun para delitos violentos”.
Esto tiene implicaciones graves, se añade, entre otras que la autoridad no conoce 90% de la actividad delictiva de la Ciudad de México. “El costo para la ciudadanía es doble, ya que representa una garantía de impunidad para los delincuentes y mantiene a las autoridades enfocadas en una problemática que no representa la realidad”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), el 40% de las víctimas de algún delito no denuncia por considerar que es una pérdida de tiempo o porque es un trámite largo y difícil y 18%, porque siente desconfianza hacia la autoridad o por el trato hostil en las agencias del MP.
Ante esta situación la Comisión Técnica que diseña la transformación dela Procuraduría en Fiscalía planteó algunas acciones inmediatas para incentivar la denuncia, por ejemplo, eliminar la ratificación in situ para las actas de hechos y algunos delitos de querella.
“En su lugar los sistemas deberán generar un sello electrónico de autenticidad (cadenas o QR) que permita al ciudadano comprobar que su acta o querella fue recibida por la Fiscalía”. También se propone el diseño de tecnología que permita al denunciante rastrear el avance de su denuncia.
Y es que el diagnóstico es claro: “los mecanismos de denuncia que ofrece la PGJ son insuficientes, opacos, lentos y permeables a la corrupción. Las deficiencias de diseño de estos procesos es lo que explica que la PGJ tenga una de las tasas de denuncia más bajas del país”.