Con el objetivo de reorganizar la estructura orgánica de las unidades ministeriales, así como la definición de competencias de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, en el Congreso capitalino se avaló un dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En el documento que parte de una iniciativa presentada por la titular de Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, Ernestina Godoy Ramos y que se aprobó con 35 votos a favor, cero en contra y una abstención, se establece un marco jurídico adecuado para la investigación exhaustiva por parte del Órgano de Control Interno y su correspondiente sanción de aquellas faltas cometidas por servidores públicos adscritos al organismo autónomo.
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El dictamen elaborado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del recinto deliberativo y presentado ante el pleno, expone que la reforma no busca facilitar el camino para una posible ratificación de la actual titular de la FGJ de la ciudad, como acusan legisladores de oposición.
De acuerdo a legisladores morenistas, se pretende configurar un adecuado cumplimiento, a nivel de leyes ordinarias, del mandato constitucional que recae en el Consejo Judicial Ciudadano, relativo a la atribución que tiene conferido dicho órgano, de instrumentar procesos de selección y evaluación de personas servidoras públicas encargadas de la procuración de justicia en la Ciudad de México. Precisaron que se dio cumplimiento a las leyes secundarias del mandato constitucional.
Resulta que el objetivo de lo aprobado, es realizar una reestructuración de índole administrativo al interior de la institución de carácter constitucional y autónomo. Se establece como parte de la estructura orgánica a la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJ, como la unidad encargada de intervenir en los procesos que se llevan a cabo durante todas las etapas que contempla el sistema procesal penal de corte acusatorio.
Quedó asentado en la sesión ordinaria del pleno, en la que estuvieron morenistas y sus aliados, dos perredistas, Jorge Gaviño y Polimnia Romana Sierra, además del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el priísta Fausto Manuel Zamorano Esparza, con la ausencia total de panistas, que el dictamen establece un artículo 53 bis, que establece a la Unidad de Implementación como encargada de coordinar, ejecutar, implementar y llevar a cabo la evaluación del proceso del Plan de Transición de la Fiscalía General, a fin de dar cabal cumplimiento a las direcciones que quedaron enunciadas dentro de dicho plan.
Para la debida investigación de los delitos de alto impacto, se determina como parte de las facultades de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la persecución de delitos de desaparición forzada de las personas y de desaparición cometida por particulares.
La Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, deberá implementar una coordinación inmediata con la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México.
Como parte de las facultades de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, se indica la coordinación con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México u homólogas de las entidades federativas, así como con los órganos encargados de la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
A su vez, la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, coordinará al Órgano de Gestión Administrativa de Casos No Penales y a la Supervisión General de Justicia Alternativa. Supervisará aquellos casos que por su relevancia social no correspondan al ámbito del derecho penal, los cuales son conocidos por Unidades de Atención Temprana.
El dictamen define implementar un régimen por el cual se regulan las relaciones con las personas servidoras públicas, así como el Régimen de Responsabilidades de las personas servidoras públicas, estableciendo sus derechos y obligaciones. En el mismo orden de ideas y para dar cumplimiento a lo anterior, se establece a la Unidad de Asuntos Internos para investigar el incumplimiento de las obligaciones del personal ministerial, pericial, de estructura y administrativo.
Las facultades del Consejo de Asuntos Internos serán ampliadas, así como su integración y en especial la facultad de dar vista al Consejo de Honor y Justicia, el cual emite resoluciones de carácter inacabables y definitivas, para el caso de sanciones a personas de la FGJ.
A decir de los propios congresistas, las reformas presentadas garantizarán la efectividad e independencia de la FGJ, “en beneficio de la seguridad y la justicia de la sociedad, que nos permita avanzar a un futuro más justo y seguro para todas y todos”.
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Previo a la votación del documento, el diputado Fausto Manuel Zamorano, puso a consideración del pleno la moción suspensiva que mandó el panista Ricardo Rubio Torres, misma que fue desechada.
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