En la Ciudad de México, cuatro de cada 10 enjuiciados por el delito de feminicidio cuentan con una sentencia, lo cual implica que la mayoría de los señalados como responsables continúan en proceso penal sin una sanción definitiva.
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Según cifras del Poder Judicial local, 826 personas fueron consignadas por este delito entre 2020 y 2023, es decir que un juez sometió a los imputados a un proceso o juicio para determinar si son culpables o inocentes.
Del universo total, se emitió sentencia para 314 personas, de las cuales 27 fueron absolutorias (no resultaron culpables del delito), mientras que en el resto hubo sanciones de cárcel.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de la organización Justicia ProPersona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, señaló que, como litigante, observa un retraso significativo en los procesos, debido a que la defensa de los imputados interpone recursos que sólo sirven para dilatar la sentencia.
En entrevista con El Sol de México explicó que, si bien no puede decirse que el ejercicio del derecho de defensa sea excesivo, los recursos a veces son innecesarios.
Como ejemplo citó un caso de feminicidio del que es asesora. Los plazos del procedimiento, explicó, fueron pertinentes gracias a que la detención del imputado fue inmediata; sin embargo, casi al iniciar el juicio, la defensa solicitó la suspensión de éste para que el tribunal estuviera integrado por tres jueces y no por uno.
“Interponen apelaciones, luego el amparo indirecto, luego la queja; es una serie de recursos que nos lleva a tardar años en que inicie realmente el proceso judicial. Nosotras les explicamos a las familiares de la víctima por qué no avanza el caso y les decimos por qué no podemos interponer recursos contra eso, porque le damos más cuerda a eso y es lo que no queremos”, detalló.
La experta admitió que es frustrante cuando hay casos de este tipo, pues los recursos interpuestos muchas veces resultan ser infructuosos.
EL INCREMENTO
Las consignaciones y sentencias por este delito, considerado como la manifestación más grave de violencia contra la mujer, han incrementado año con año en la ciudad.
Por ejemplo, al comparar el número de sentencias de 2020 contra 2023, el aumento es de 582 por ciento.
En 2020, 131 casos de feminicidio que fueron vinculados a proceso y se emitieron 17 sentencias, en todas los procesados resultaron culpables.
El Poder Judicial capitalino registró en 2021, 211 consignaciones y las sentencias aumentaron a 74: en cinco, los señalados fueron absueltos, mientras que 69 tuvieron sentencia condenatoria.
Al año siguiente hubo 191 personas consignadas a un juez y 107 personas recibieron sentencia, de las cuales 10 fueron consideradas no culpables y 97 culpables.
Mientras que en 2023, las consignaciones aumentaron a 293 casos, es decir que se duplicaron respecto al año previo; en tanto, el Poder Judicial tuvo 116 sentencias.
Pérez Garrido reconoció que hay una mejoría en la judicialización de casos debido al cambio del sistema inquisitivo a acusatorio, ya que en este último las víctimas tienen derecho a participar en los procesos. Otro factor que influye en dicho aumento es que los casos, desde el inicio, sean tratados bajo la figura jurídica de feminicidio.
“Observamos que las investigaciones pueden tener mayor eficacia, cuando estos casos son judicializados vemos que tuvieron mejor investigación, de entrada, porque se pudo incorporar la perspectiva de género. Obviamente hay deficiencias y muchas cosas que pueden mejorar; pero, desde nuestro punto de vista, es que, si se acredita el tipo penal, de cierta forma ya se incorpora la perspectiva de género”, señaló.
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Finalmente, consideró que el Poder Judicial local, en atención a la alerta de género activada en la ciudad, debe invertir más en la capacitación de jueces y juezas.
“En informes de la alerta reportaban que sus capacitaciones eran cursos de la Suprema Corte, o sea, eso cualquiera de la población lo puede tomar y no es posible que ellos lo reporten como capacitación, cuando no están invirtiendo un peso para que los jueces cumplan con los estándares de derechos humanos y perspectiva de género y demás conceptos especializados”, opinó.
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