Los policías capitalinos conocen los protocolos de uso de la fuerza y las normas de respeto de derechos humanos, pero lo delicado es que ellos toman la decisión de “tener un exceso en la actuación. Eso lo hace doblemente grave en cuanto a la sanción”, reconoció ayer José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El funcionario fue entrevistado después de inaugurar el Seminario Internacional Perspectivas, Retos y Buenas Prácticas para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el Instituto Mexicano para la Justicia, ofreció que en el caso de San Juan Ixhuatepec solamente se sancionará con motivos, pero tampoco se permitirá la impunidad.
De las posibilidades de que alguno de los policías implicados se dé a la fuga, manifestó su esperanza de que los investigados tengan responsabilidad de afrontar, declarar y determinar lo que a su derecho corresponda dentro del proceso, porque además son servidores públicos.
Sin embargo, en el caso de que no se presenten, entonces se girarán las órdenes de aprehensión a nivel nacional y la instrucción es que cualquier persona que tenga un cumplimiento administrativojudicial a fin de presentarse ante las autoridades, se ejecutará.
Aseguró que hasta el momento los involucrados están localizables y que están puestos a disposición de los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública.
Derivado de los últimos abusos cometidos por policías, se le preguntó que se tienen protocolos para el uso de la fuerza, pero ¿qué está fallando? A lo que Amieva Gálvez respondió: Aquí, la situación es delicada. Nosotros tenemos una Secretaría de Seguridad Pública con 87 mil elementos en activo.
Tenemos los protocolos, las instancias de acompañamiento de instituciones de derechos humanos, tenemos las instancias de trabajo institucional con los mismos policías; es decir, la norma se tiene y se conoce, lo delicado es que aún cuando conocen la norma ellos decidan tener un exceso en la actuación.
