En el Estado de México, los hombres que ejercen violencia de género en el ambiente laboral, familiar, penal, cívico o incluso que promueven la violencia política, son canalizados a uno de los cuatro Centros de Atención y Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).

De acuerdo con Melissa Estefanía Vargas Camacho, vocal del CEMyBS, estos centros tienen el objetivo de acercar el proceso de reeducación a la comunidad masculina para romper con sus conductas agresivas contra las mujeres y con ello, acabar con la violencia de género. “(Las instancias) rompen estereotipos de género, patrones aprendidos muchas veces desde la infancia de conductas machistas y micromachismos, que afectan sus relaciones interpersonales, especialmente con sus parejas, hijos o hijas”, cuenta.

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Por lo anterior, en breve serán puestos en marcha otros cuatro centros que estarán situados en Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl y Naucalpan.

CANALIZACIÓN

La canalización de los hombres generadores de violencia es por varias vías según el mecanismo de agresión.

Mientras que los agresores por violencia política en razón de género son turnados por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), los agresores en materia de hostigamiento y acoso al interior de los municipios y del Gobierno son canalizados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Cuando se trata de un agresor en lo familiar, en lo penal o lo cívico, son remitidos por el Poder Judicial.

En estos últimos casos se contempla a deudores alimenticios, quienes no sólo deben pagar la multa impuesta, también deben reeducarse, así como los hombres que cometieron cualquier tipo de agresión física en agravio de una mujer aún cuando las lesiones causadas no hayan puesto en riesgo la vida de la víctima (empujones, cachetadas, golpes, entre otros).

En caso de que alguno de los agresores canalizados no acuda a su tratamiento, el centro notifica al Poder Judicial, autoridad que determina cuál es el proceso a seguir.

Vargas aclaró que a la fecha no se ha remitido a ninguna persona a estos centros por violencia laboral o política.

DIAGNÓSTICO

Desde hace un mes, cada que un nuevo agresor es canalizado a uno de los cuatro centros, se tiene un expediente completo que se almacena en un sistema denominado “SIGUE”, en el cual se precisan las causas por las que el agresor fue sentenciado, su perfil psicológico-social y las características físicas, educativas así como económicas, con las que los trabajadores sociales pueden detectar el tipo de personalidad del individuo.

“Iniciamos un proceso diagnóstico con el trabajador social con el apoyo del departamento de psicología, así como con el área jurídica, para determinar cuánto tiempo tendrá que pasar el agresor en el centro de reeducación. El mínimo de tiempo son dos meses y el máximo son seis meses”, dice Vargas.

Aunado a ello, las conductas de los agresores reeducados para que ya no ejerzan la violencia de género son consultadas con sus familiares pues ellos dan testimonio del avance de la persona.

Para ello, los trabajadores sociales (hombres) acuden a los domicilios de los agresores para recabar información por parte de familiares.

De ser positivo el avance, el CEMyBS emite un dictamen en el que se afirma la conclusión del proceso de reeducación.

Sin embargo, hay casos en los que dejan de ir a sus terapias o no acuden ni una sola vez, situación que se notifica y convierte en un foco rojo de atención.