VALLE DE MÉXICO. Grúas y corralones concesionados para multas de tránsito continúan como un lucrativo negocio ilegal en el que bajo la omisión de las autoridades del Estado de México se esquilma a los propietarios de automotores con fuertes cantidades que en ocasiones rebasan el costo de su unidad.
Ahora diputados de Morena quieren ese negocio para los alcaldes de los municipios mexiquenses.
Por años los fuertes abusos cometidos por los dueños de corralones y grúas concesionadas en la entidad mexiquense han sido un severo lastre para los propietarios de vehículos que caen en sus manos con la complicidad de policías de tránsito y ministerios públicos, quienes en forma incluso ilegal ordenan el traslado en grúas, y la permanencia innecesaria de automotores en esos depósitos.
En la pasada administración el gobernador Eruviel Avila prohibió las guardias de tránsito en los corralones y restringió su uso, así como el de las grúas, tras reconocer que durante su campaña fue una de las principales quejas ciudadanas los abusos que ahí se cometen con un altísimo sobreprecio por arrastre, tiempo de grúas, y piso de corralón.
Estableció medidas como quitar el manejo de tránsito a los hombres y que sólo mujeres fueran las encargadas de infraccionar para evitar el cúmulo de corrupción en el tema, que sólo pudieran llevar un vehículo al corralón por cuatro motivos: si no se cuenta con ambas placas o el documento que justifique su falta, si las placas del auto no coinciden con las de las calcomanía o tarjeta de circulación, si se conduce en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga, y si el auto participó en algún accidente grave; el Hoy no circula dejó de ser un motivo para llevar un automóvil al corralón.
Se prohibió el uso obligatorio de grúa para llevar un vehículo a algún corralón, se retendría la licencia de conducir, la tarjeta de circulación o la placa delantera del vehículo cuando el automovilista porte placas de otra entidad, si el vehículo transporta carga perecedera, cuando el vehículo no esté verificado o circule en días no permitidos.
Sin embargo, ninguna de estas reglas permanece o se respeta en la presente administración estatal, ya que el uso de grúas continúa aplicándose en forma autoritaria.
En fecha reciente como un ejemplo de lo que ocurre en municipios metropolitanos, en Nicolás Romero se dio el caso de un accidente leve entre conductores con autos asegurados en el que aunque la ley lo prohíbe, ya que indica que la policía sólo será mediadora y no podrá retener vehículos ni detener a los conductores a menos que estos no tengan un acuerdo, policías municipales ordenaron la presencia de dos grúas de la empresa Pegaso y que subieran los vehículos, a pesar de que los propietarios no lo pidieron y ya habían arreglado su desperfecto a través de sus seguros, al pedir que bajaran sus vehículos los operadores de las grúas sin rótulos de razón social una de ellas placa 3570CB, les informaron que ya debían cinco mil 200 pesos por el alquiler de cada grúa y de lo contrario se llevarían sus autos al corralón con lo que sumarían el arrastre y el piso del depósito vehicular.
EL NEGOCIO PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Los diputado Margarito González Morales y Gabriel Gutiérrez Cureño presentaron una iniciativa que reforma diversas disposiciones para que los municipios sean quienes se encarguen del servicio de arrastre, guarda y depósito de vehículos.
González Morales dijo que la reforma permitirá fortalecer las finanzas de los ayuntamientos, aunque reconoció que debe darse también opción a que los conductores llamen a sus aseguradoras para el traslado de sus vehículos.
Ante los abusos y cobros arbitrarios de hasta 70 mil pesos para transportistas, los pronunciamientos de legisladores coincidieron con frenar la corrupción de los concesionarios, esto durante la reunión de comisiones de Legislación y Administración y Comunicaciones de Transportes.
