Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dio a conocer la puesta en marcha de un programa de preliberación para personas privadas de su libertad (PPL), aunque aún no se determina el número de posibles beneficiarios.

“Estamos conscientes de la preocupación que aflige a las personas privadas de su libertad y a sus familiares, por ello diseñamos un programa de preliberaciones para que en el contexto de una política pública penitenciaria, los sentenciados por delitos no violentos y que compurguen penas menores a cinco años obtengan beneficios preliberacionales”, afirmó.

Lo dicho por Sodi Cuéllar ocurre luego de la protesta realizada el pasado sábado en las afueras de siete centros penitenciarios mexiquenses, en donde familiares de internos y activistas como José Humbertus Pérez Espinosa, líder del Frente en Defensa para Una Vivienda Digna, demandaron la preliberación de alrededor de 13 mil personas privadas de la libertad que –dijeron- reúnen los requisitos para ello.

A través de un mensaje de audio vía WhatsApp con el que se atendió la solicitud de entrevista telefónica de este medio, el titular del Poder Judicial aseguró que estuvo en contacto con la Secretaría de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, para identificar a posibles beneficiarios de este programa, lo cual significa que el programa de preliberación aún está en sus inicios.

En el audio, que también forma parte de un mensaje en el micrositio de la página oficial del Poder Judicial, precisó que con base en la información resultante de ese análisis, los jueces de ejecución de sentencias resolverán de inmediato conforme a derecho.

El también presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México adelantó que en el inicio del programa participarán 17 jueces de ejecución de sentencias en el análisis que realice la Secretaría de Seguridad podrá determinarse el número de PPL con posibilidades de beneficiarse con la preliberación.

A través de la Coordinación de Comunicación Social se aclaró los internos susceptibles de ser beneficiarios de la medida, serán electos de entre una población de 30 mil personas privadas de su libertad a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 18 la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias.

Cabe recordar que la medida toma énfasis luego del contagio de al menos cuatro personas privadas de su libertad y un custodio en el penal de Cuautitlán.