De acuerdo con los primeros reportes, el estallido ocurrió al interior de un inmueble ubicado en el Barrio de Santa Isabel, muy cerca de la zona centro del municipio, alejado de la zona de polvorines permitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Dentro del inmueble, los propietarios habilitaron un pequeño cuarto de aproximadamente 2x3 metros, el cual era utilizado como taller y almacén de pirotecnia donde se elaboraba juguetería a base de pólvora presuntamente de manera clandestina.
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El aparente mal manejo de los productos ocasionó que se presentará el incidente en el cual un hombre de 38 años, cuya identidad no fue revelada, perdió la mano izquierda y presentó diversas quemaduras en el cuerpo debido a la fuerza de la explosión.
Tras varias llamadas de auxilio los equipos de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar y trasladaron al lesionado al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango debido a que el afectado también presentó quemaduras de primer y segundo grado en el tórax, piernas y cara.
Asimismo, personal de Protección Civil informó que derivado del estallido no se reportaron daños colaterales por lo que sólo hubo daños al interior del inmueble.
Durante los días, 26, 13, 11 y seis de diciembre del 2021, se registraron cuatro estallidos de polvorínes que dejaron a 19 personas lesionadas y causaron la muerte de dos, así como daños a los inmuebles aledaños.
A principios de ese mes, el entonces alcalde Edgar Adrián Hernández Márquez solicitó a los artesanos no fabricar ni almacenar pirotecnia en la zona urbana e incluso se realizó la pinta de bardas y de perifoneo para exhortar a los pirotécnicos el trabajar exclusivamente en la zona autorizada por las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Ese mismo mes, Juventino Luna Rodríguez director de Desarrollo de la Pirotecnia, informó que tras los continuos accidentes y decesos en zona urbana por el almacenamiento irregular de fuegos de artificio sele pidió a los artesanos evitar acciones legales en su contra como cateos en sus domicilios por la autoridad investigadora.
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En años pasados, para evitar cateos y posibles detenciones, los mismos pirotécnicos de manera anónima sacaron el producto de forma voluntaria y lo depositaron frente a los portales de la presidencia municipal para evitarse problemas con la Fiscalía General de la República (FGR).
Nota publicada originalmente en: El Sol de Toluca