Este lunes, un informe realizado por la organización de Amnistía Internacional (AI) señala que, las “deficientes investigaciones” sobre feminicidios y la “inacción y negligencia” de las autoridades provocan que los casos queden impunes en el Estado de México.
Edith Olivares, directora ejecutiva de AI México declaró: "Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte".
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Según la organización, en 2020 se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios en los 32 estados del país.
En su informe, documenta cuatro casos emblemáticos ocurridos desde 2004 hasta 2018 en el Estado de México, colindante con la capital mexicana y el más poblado del país, los cuales exhiben "las deficiencias en las investigaciones penales" de los feminicidios.
Los crímenes comparten que las autoridades estatales no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos, no resguardaron las evidencias recolectadas y perdieron datos, objetos y testimonios.
Además, la Fiscalía General del Estado de México no investiga de forma adecuada por "una sobrecarga de trabajo y carencia" de recursos, de manera que su personal debe pagar con sus propios medios el material necesario.
Familias de las victimas terminan asumiendo la investigación ante falta de apoyo de las autoridades
Amnistía Internacional denunció que "las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas, generalmente a las mujeres, a asumir el liderazgo de las investigaciones".
En el acto de presentación del informe, realizado de forma virtual, participaron mujeres familiares de víctimas de feminicidios.
Ana Sosa, de 29 años, halló en 2018 "sin ayuda" de las autoridades el cuerpo de su madre, Julia Sosa, asesinada y sepultada en un rancho de su expareja, aunque sospecha que más gente participó en el crimen.
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Laura Curiel, madre de Daniela, desaparecida en 2015, pasó 14 horas en la Fiscalía estatal para que atendieran su caso y desde entonces ha sufrido "omisiones, victimización, criminalización y amenazas".
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Diana Velázquez fue asesinada y su cuerpo abandonado en la calle en 2017, pero las autoridades la confundieron con un hombre y "muchas evidencias se perdieron", denunció su madre, Lidia Florencio.
Mientras que María Antonia Márquez, madre de Nadia, asesinada por su pareja en 2004, reprocho que "los errores de la investigación fueron de tal magnitud al grado de perder la soga con la que había sido asesinada".
"El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades", denunció la directora de Amnistía en México.
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El organismo exigió que la Fiscalía estatal cuente "con los recursos humanos y financieros necesarios" para un trabajo eficiente y con perspectiva de género.
También pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que investigue "las deficiencias en las investigaciones penales" y al Gobierno federal "que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios".
||Con información de EFE||
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