Armando Ruiz y Salvador Martínez Pavón

La Comisión de Justicia Partidaria del PRI sesionará estepróximo lunes 26 de septiembre en donde analizará los casosrelacionados con falta de transparencia y rendición de cuentas degobernadores de extracción priísta como: Javier Duarte, CésarDuarte y Roberto Borge. De comprobarse el incumplimiento de estospostulados, se harían acreedores a la suspensión temporal de susderechos partidarios, hasta que un juez determine un veredictofinal, tras lo cual sí podrían expulsárseles.

Al respecto, el líder nacional del tricolor, Enrique OchoaReza, adelantó que esta Comisión actuará conforme a Derecho, encualquiera de los casos y ratificó que en este y todos los casos,no habrá opacidad por parte de los Gobiernos emanados delpartido.

Luego de Manuel Muñoz Rocha, en 1994, y Elba Esther Gordillo,en 2006, los dos  Duarte y Borge, se contarían entre los“priístas distinguidos” en ser sujetos de proceso deexpulsión formalmente del tricolor, entre por lo menos una docenade altos militantes de este Instituto Político que han estado“cerca del patíbulo” y acusados ante la señaladaComisión.

Al respecto, el propio Ochoa Reza resaltó que “los priístasseremos los primeros garantes en la transparencia y en larendición de cuentas de los Gobiernos que emanan de nuestropartido. Y así estamos actuando al interior de PRI; coninvestigaciones responsables, siguiendo también lasinvestigaciones que hace el Estado mexicano para ofrecerle a laciudadanía respuestas a las demandas contra la corrupción ycontra la impunidad”, señaló.

El líder nacional priísta, no obstante, pidió no anticiparsea lo que sucederá ya que primero deberán presentarse las pruebaspor las partes demandante y la acusada. “Es importante preservartambién ‘el debido proceso’. No quiero anticipar, pero lo quesí es importante es que como se ofreció dentro del PRI;seguiremos analizando cada caso en su justa determinación”,indicó.

Asimismo, se comprometió a seguir analizando con todapuntualidad los otros casos señalados tanto por las institucionesdel Estado mexicano como la Procuraduría General de la República(PGR) y en los medios de comunicación.

Entre otros destacados priístas que han estado cerca delproceso de expulsión del partido, están desde el mismoexpresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl, hastalos exgobernadores Andrés Granier, Tomás Yarrington, MarioVillanueva y Humberto Moreira, así como los controvertidos JorgeDíaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia, y el recientementereinstalado, Cuauhtémoc Gutiérrez.

En algunos de estos casos, el proceso de expulsión quedó o enla indefinición -al no volver el PRI a informar oficialmente delos mismos- o prescribir los delitos de que eran procesadosjudicialmente. De acuerdo con el Artículo 225 de los Estatutos deese Partido, “la expulsión de los mandatarios aún en funcionesse concretaría solo en caso de ser sentenciados por la autoridadjudicial”.

De acuerdo con la normatividad interna, la Comisión Nacional deJusticia Partidaria del PRI trabaja desde este fin de semana “apuerta cerrada” en la elaboración del dictamen, para lasuspensión temporal de los derechos como militante de estospersonajes, para quedar en espera del resultado de lasinvestigaciones de la Procuraduría General de la República.NOMBRES

Entre los militantes del Partido Revolucionario Institucionalque se han visto en proceso de expulsión se encuentran:

Manuel Muñoz Rocha, diputado federal por el PRI entre 1991 y1994, fue acusado de participar en el asesinato de José FranciscoRuiz Massieu. Fue expulsado del PRI y desaforado como legisladorpara responder a la orden de aprehensión que la PGR emitió en sucontra el 8 de octubre de 1994, por “homicidio calificado,asociación delictuosa y autoría intelectual de este asesinato”.Sin embargo, estos delitos no pudieron ser comprobados e, incluso,hay indicios de que ya prescribió la acción penal en contra deesta persona porque se halla desaparecida desde entonces.

Los tamaulipecos Reyes Wenceslao Zúñiga Vázquez, quien fueracandidato al municipio de Hidalgo, Luis Cesáreo Aldape Lerma,aspirante en Villagrán, y Gustavo Estrella Cabrera, municipio deMainero, Tamaulipas, fueron expulsados del tricolor por presuntos“vínculos con el crimen organizado”.

Fernando Morales, hijo del exgobernador de Puebla, MelquiadesMorales Flores, exgobernador de Puebla; y Rafael Valencia Ávila,alcalde de Venustiano Carranza, también en la entidad poblana, sonlos únicos que podrían ser expulsados del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI), por estar en la lista de militantesconsiderados como “traidores al tricolor”, pues se considera enel priísmo local apoyaron sin ambages a los candidatos panistas enlas pasadas elecciones.

También el exalcalde del municipio de Carmen, Campeche, EnriqueIván González López pudiera ser expulsado de las filas del PRI,esto por “haber faltado a la confianza de los ciudadanos”, peroademás el partido no solapará a quienes se sirvan en vez deservir, como lo ha declarado el líder estatal de este partido,Ernesto Castillo Rosado.

Aunado a este personaje, el exedil del PRI en Cuernavaca,Morelos, Manuel Martínez Garrigós, ya también fue expulsado deltricolor por “malversación de recursos” durante su etapa comoedil (2009-2012).

LOS ESTATUTOS

De acuerdo con el Título Sexto de los Estatutos del partido, elSistema de Justicia Partidaria del PRI tiene como objetivo hacervaler la normatividad interna del instituto con las ComisionesNacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria yde las Defensorías Nacional, Estatales y del Distrito Federal,así como de los Derechos de los Militantes.

En el Artículo 211 se establece que  son los órganosencargados de llevar a cabo la justicia partidaria en materia deestímulos y sanciones y de derechos y obligaciones de losmilitantes, así como evaluar el desempeño de los servidorespúblicos priístas, señalar sus deficiencias y sancionar lasconductas equívocas.

En el Artículo 214, Fracción VI de este precepto, también seestablece la facultad de estas comisiones para “Aplicarsanciones, amonestaciones y suspensiones, temporales o definitivas,de los derechos de los militantes”.

Se agrega que “Para efectos de lo dispuesto en el artículo225, fracción iii, de estos Estatutos, el procedimiento seráexpedito y la resolución dictada dentro de los términosestablecidos por las leyes electorales correspondientes”, ademásde conocer de la expulsión de servidores públicos priístassentenciados por delitos patrimoniales en el manejo de recursospúblicos.

En el Capítulo V, de las Sanciones, se remarca que “LaComisión Nacional de Justicia Partidaria podrá aplicar lassanciones de: suspensión temporal de derechos del militante;Inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas y laexpulsión”.

Dentro del Artículo 225 se subraya que la “suspensióntemporal” de derechos o de cargos partidistas podrá ser impuestapor negativa a desempeñar, sin causa justificada, las comisionesque confieran los órganos directivos del partido; porindisciplina, que no sea grave.

Y remarca que la suspensión procederá a petición de algúnmilitante interesado ante la Comisión Nacional de JusticiaPartidaria y/o “por encontrarse sujeto a proceso penal, en elcaso de delitos dolosos”. “La suspensión durará en tanto sedicte la sentencia definitiva al inculpado”, entre otros.