Carlos Lara / El Sol de México
Una célula del grupo delincuencial Guerreros Unidos actuó enIguala contra los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 deseptiembre de 2014 y ordenó a los policías locales y de Coculaque los detuvieran y se los entregaran “para privarlos de sulibertad, interrogarlos y privarlos de la vida”.
Esta es la línea de investigación en la que la ProcuraduríaGeneral de la República “tiene los mayores indicios”, sostuvoayer el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos,al dirigirse a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos enesa fecha.
La titular de la Procuraduría General de la República, ArelyGómez González, entregó a los familiares de los normalistas“el Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda lainvestigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, enIguala, Guerrero” e informó también de la designación deAlfredo Higuera Bernal como nuevo Titular de la Oficina deInvestigación del Caso Iguala, en sustitución de José AarónPérez Carro.
En este marco al reunirse con los señalados familiares de losnormalistas en las instalaciones de la Procuraduría, BetanzosTorres también les ratificó que hay otras líneas que no se handescartado y se siguen investigando, ratificándoles que “elexpediente sigue abierto”.
Desde su punto de vista, estos eventos “nos alertaron sobrefallas, abusos de poder, corrupción y la infiltración deorganizaciones criminales en algunas corporaciones policialesmunicipales en la zona norte de Guerrero”.
Esa noche, según lo indagado por la PGR dijo su funcionario,los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” deAyotzinapa, “arribaron al municipio de Iguala y entraron a laciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esainstitución”, pero Guerreros Unidos los detectó, los coptó conla ayuda de los policías locales, para después asesinarlos.
“Estos lamentables eventos nos alertaron sobre fallas, abusosde poder, corrupción y la infiltración de organizacionescriminales en algunas corporaciones policiales municipales en lazona norte de Guerrero”, recapituló el subprocuradorBetanzos.
Más aún: de acuerdo con el experto, este grupo delincuencial“tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, enCocula y municipios aledaños, y se infiltró en los cuerpos deseguridad municipal. Su penetración alcanzó a diversos servidorespúblicos de ese orden de gobierno, quienes recibían de maneraregular importantes cantidades de recursos; dinero que eradestinado presuntamente, entre otras cosas, al control de lapolicía municipal”.
Betanzos reiteró frente las víctimas, sus familias y lasociedad entera, que “con absoluto apego a la ley y con plenorespeto a los derechos humanos, hemos dado seguimiento a esainvestigación, a fin de conocer y demostrar los hechos quesucedieron aquella noche en esa región de Guerrero”.
En el caso del Grupo Interamericano de Expertos Independientes,comentó, la propia PGR, ha cumplido con más del 88 por ciento desus peticiones y, por cierto, “dará continuidad a lainvestigación y desahogo de las peticiones faltantes”. Recordóa los padres de familia que el término del mandato del GIEI “nosignifica el cese de los trabajos por esta institución, quienseguirá atendiendo puntualmente aquellas solicitudes que resultenprocedentes según nuestro ordenamiento jurídico”,garantizó.
Hasta ayer, enumeraría el subprocurador Betanzos, se haconsignado a 168 personas por el delito de delincuencia organizada;se ha detenido a 130 presuntos implicados entre policías eintegrantes de Guerreros Unidos; hay 422 resoluciones judiciales delas cuales 209 corresponden a órdenes de aprehensión libradas pordiversos delitos.
Además, hay 1,651 actuaciones periciales en 24 especialidadesdiversas y sobresalen 850 declaraciones “que corresponden aestudiantes normalistas de Ayotzinapa; integrantes del equipo defutbol “Los Avispones de Chilpancingo”; miembros de laorganización “Guerreros Unidos”; elementos policiales;elementos militares, y testigos diversos, las cuales fueron tomadasen presencia de los defensores y los abogados”, hizo elrecuento.
A esto se le deben sumar más de 850 acciones de búsqueda ylocalización de los estudiantes normalistas. Ante señalamientosdel GIEI de posibles irregularidades cometidas por servidorespúblicos de la PGR, en la sustanciación de la investigación ydemás diligencias, según el funcionario judicial “laVisitaduría General y el Órgano Interno de Control de estainstitución, desde el 27 de abril, ha iniciado las investigacionesrespectivas para determinar lo que conforme a derechocorresponda”.
Rememoró finalmente que los hechos del 26 y 27 de septiembre de2014,”ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuenciaorganizada en la zona norte del Estado de Guerrero, en donde estánubicados los municipios de Iguala y Cocula; en la que laorganización delictiva conocida como “Guerreros Unidos”, hatenido una fuerte presencia impactando sensiblemente en laseguridad de los habitantes de aquélla región; grupo querápidamente cobró notoriedad, debido a que se fue conformando concélulas de sicarios de un perfil violento”.
Su modo de operar en contra de sus enemigos, atiende a diversosfactores principalmente “su pertenencia a otra banda delictiva;que genera desmanes en su territorio y que “calienten laplaza”. De darse alguno de estos detonantes, la respuesta seríaaltamente violenta, privando de la libertad a las personasdirectamente o presuntamente a través de la policía municipal;torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas einhumándolas”.
Dijo también que la PGR acata todas y cada una de lasobservaciones formuladas por el Ombudsman Nacional emitidas el 23de julio de 2015 y 14 de abril de 2016, las cuales se encuentran“en vía de cumplimiento”.
Garantizó asimismo que la PGR “pone especial atención einvestigará todos aquéllos señalamientos de tortura y tratoscrueles, así como de posibles irregularidades en el desarrollo dela indagatoria; y de existir elementos, éstos no quedenimpunes”. NO HAY INTERRUPCIÓN
En relación con el cambio de titular de la Oficina deInvestigación del Caso Iguala, dependiente de la Subprocuraduríade Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a laComunidad, la Procuradora Gómez González subrayó que estemovimiento de ninguna manera significa interrupción o reinicio dela investigación en curso, por lo que garantizó que “habrácontinuidad puntual”.
Finalmente, la titular de la PGR recibió diversosplanteamientos formulados por las madres y los padres de losnormalistas en relación con el desarrollo de las indagatorias y seacordó que se mantendrán las reuniones periódicas de seguimientoal caso.
