LaComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó aestablecer nuevos parámetros para determinar el monto delas pensiones alimenticias cuando no sea posible comprobar losingresos de los obligados, y pidió fortalecer la facultad dejuzgadoras y juzgadores para allegarse de mediosde prueba sobre la capacidad económica de deudores y deudorasalimentarios.
Al participar en el “ForoDerechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia; Mecanismospara Garantizarlos”, el primer visitador General de la CNDH,Ismael Eslava Pérez, en representación del ombudsman nacional,convocó al Estado y a la sociedad civil a trabajar articuladamentepara alcanzar la satisfacción de los derechos alimentarios y eldesarrollo integral de la infancia y adolescencia.
“Cuidar que las reformaslegislativas no deriven en procedimientos o trámitesadministrativos que puedan revictimizar a las y los acreedoresalimentarios que, por lo general, están en desventaja frente aldeudor o deudora”.
Ante los altos índices de inobservancia materna opaterna en el pago de pensiones alimenticias proporcionales ysuficientes para mantener el estándar de vida de sus hijas ehijos, dijo que para la CNDH es determinante tomar medidasencaminadas a prevenir las transgresiones a los derechos de niñas,niños y adolescentes, repensar e innovar las vías legales y lasnormas procesales para exigir la satisfacción del derecho aalimentos.
“Es una labor imprescindible yurgente que requiere el análisis desde la perspectiva de derechoshumanos y la consideración primordial del interés superior de laniñez”, comentó.
Señaló que cualquier medida quese adopte deberá considerar las características y circunstanciasespecíficas de los distintos grupos de niñez y adolescencia, asícomo incluir el estudio de causas de fondo que generan elincumplimiento de las y los deudores alimentarios. Indicó que sedebe incorporar la perspectiva de género para determinar cómo ladesigualdad de trato y la carga social hacia niñas, adolescentes ymujeres, propicia un mayor abandono de las responsabilidadesparentales por parte de los varones, y buscar el fortalecimiento delas capacidades de las y los acreedores alimentarios para exigir lasatisfacción de su derecho.
Ante legisladores, directivos deinstituciones y organismos relacionados con el tema, así comoespecialistas, Eslava Pérez estableció también la necesidad deavanzar en la armonización legislativa y transversalizar laperspectiva de derechos de la niñez y adolescencia en toda laadministración pública, a fin de trabajar coordinadamente parafacilitar y agilizar el cobro de las pensionesalimenticias.
En México, los matrimonios duranaproximadamente nueve años; una de cada tres familias esmonoparental; 67 por ciento de las mujeres, madres solteras, noreciben pensión alimenticia, y solo una tercera parte de lasmadres reciben el recurso necesario para alimentar a sushijos.
Nelly Montealegre Díaz,procuradora federal de Protección de los Derechos de Niñas,Niños y Adolescentes, dijo estar de acuerdo con la creación deRegistro y Base de Datos, que se debe ajustar y apuntalar conacciones para que se legisle en ese sentido en todo el país ytransversalizar mejor las leyes.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo dela Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señalóque este tema es una lucha contra la cultura machista. Indicó quelas leyes tienen sesgos machistas y de complicidad con el hombre yes necesario analizarlas para detectar esos vacíos y nichos deoportunidad para beneficio de la mujer y sus hijos. Lorena Cruz Sánchez, presidentadel Instituto Nacional de las Mujeres, comentó que la observanciade ese deber es compleja en un país donde el 76 por ciento estáinmerso en la economía informal, donde los padres se declaran eninsolvencia y desempleados para evadir su responsabilidad, o en elcaso de la economía formal, en complicidad con los patrones,“renuncian falsamente” a sus trabajos, se cambian de ciudad oreclaman la pensión alimenticia en su beneficio.
Asimismo, Isabel Crowley,representante de UNICEF en México, dijo que hay que luchar porcambios reales fincados en el interés superior del niño, aladecuar todas las leyes que abordan esa materia, por lo quesugirió fortalecer a madres y padres en cómo trabajar para lograrel pleno desarrollo de sus hijos, principalmente en los padresjóvenes; hay que encontrar un plan integral, con mecanismos queles permitan acceder a sus derechos y los de sus hijos.
