Leonardo Rodríguez
Hermosillo.- Por una condena por delitos contra la saludefectuada hace ya 28 años, el juez encargado del caso del doctorJosé Manuel Mireles Valverde negó el cese de la medida cautelarde prisión preventiva que fue solicitado a finales del mes dejunio por parte de su defensa.
Ignacio Mendoza Jiménez, defensor del ex vocero de los gruposde autodefensa michoacanos actualmente preso en el Centro Federalde Reinserción Social número 11 de Hermosillo, manifestó que enla resolución dictada por el juez éste argumenta la necesidad demantener a Mireles Valverde tras las rejas sin unafundamentación.
Esto, explicó, se debe a que el hecho de haber sido juzgado ypurgado sentencia hace ya casi tres décadas es un hecho que sirveúnicamente para que el agente del Ministerio Público solicite ala autoridad la aplicación de la prisión preventiva como medidacautelar, sin embargo no es suficiente para que el juez la otorguesin presentar un análisis que justifique dicha determinación.
Con respecto a esto, el juez debió presentar a detalle elporqué de mantener al galeno preso, pues a tenor del nuevo sistemade justicia este da prioridad al derecho humano de la libertadpersonal, dejando las medidas cautelares privatorias de estederecho como una medida excepcional en caso de que las otras 13existentes no garanticen que el imputado evadirá la acción de lajustica o dañará a las víctimas, lo cual no se demostró oasentó de forma coherente en el dictamen.
Denuncian visitas e intromisiones de PGR en el caso
“Este juicio es una farsa, Mireles está condenado desde antesde que lo detuvieran”, fue una de las frases de Mendoza Jiménez,quien dejó de manifestó que antes de que se diera a conocer laresolución que niega la libertad de Mireles, el juez fue visitadopor la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR),quien, dijo el litigante, “lo acalambró” a fin de que sesiguiera la línea que llegó al papel.
A este tenor, el defensor de Mireles Valverde manifestó queBertha Paredes delegada de la PGR en Michoacán hasta el momento noha acreditado el porqué de su visita al juez, lo cual abre lapuerta a las especulaciones, pues además de lo ya dicho, elabogado denuncia que las implicaciones de este caso puede afectar aesferas de muy alto rango en la administración públicanacional.
Una de las cuestiones que denuncia, por ejemplo, compete a lainadmisión de los videos de Alfredo Castillo, ex comisionadofederal para la Seguridad de Michoacán, quien realizó variosconvenios con los grupos de autodefensa entre los que se encontrabael registro de armas para acreditar su portación.
A pesar de que existen videos de estas y otras reuniones quemantuvieron grupos de autodefensa y este personaje, los juzgadosque han llevado el caso no los admiten como pruebas de que son lasautoridades las que permitieron a estos grupos armarse y circularpor calles de Michoacán, pues aseguran desconocer la procedenciade los materiales gráficos.
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