Por NIDIA MARÍN | El Sol de México

Segunda y última parte

Desde lallamada “Operación Cóndor” que propició la guerra contra elnarcotráfico lanzada desde los Estados Unidos, los mexicanossolamente han tenido breves etapas de respiro. En ese tiempoiniciaron las desapariciones forzadas los grandes desplazamientosde habitantes, las violaciones a los derechos humanos, el uso deherbicidas en los sembradíos de droga y la enormeviolencia.

El panorama es promisoriodespués del decálogo presentado por el presidente Peña Nieto enla ONU y su planteamiento:

“Durante décadas, México hasido una de las naciones más comprometidas contra el problema delas drogas.

“Mi país forma parte de lasnaciones que han pagado un alto precio, un precio excesivo, entérminos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas; vidas deniños, jóvenes, mujeres y adultos.

“Como pocos, conocemos laslimitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigmaeminentemente prohibicionista”.

Así es.

También los anterioresmandatarios lo vivieron, lo sufrieron y lo sudaron.

A Luis Echeverría Álvarez(1970-1976), por ejemplo, además de que le tocó ya la guerracontra las drogas, en el área diplomática se vivió lo sucedidoen 1971 cuando el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas sometióa fiscalización internacional distintos estimulantes tales comoanfetaminas, alucinógenos, ansiolíticos, analgésicos yantidepresivos.

“Vale la pena señalar que, ala conferencia de 1971, además de los representantes de losEstados miembros, también asistieron representantes de empresasfarmacéuticas para entablar las negociaciones de los acuerdosinternacionales. La fiscalización de las drogas sintéticas, desdeel Convenio de 1971, se basa en arreglos de listas organizadasconforme los dos siguientes criterios: el valor terapéuticopotencial de una sustancia y los posibles riesgos derivados de suconsumo”.

Sería José López Portillo yPacheco (1976-1982) quien apechugaría con la “OperaciónCóndor” en México. Dice Froylán Enciso. “Del 1 de septiembrede 1975 al 31 de agosto de 1976, la policía judicial y elejército habían destruido 21 mil 405 parcelas de adormidera,mientras que el año anterior habían sido 13 mil 580. En ese mismoperiodo, eliminaron 16 mil 686 parcelas de marihuana, frente a 6mil 762 de los doce meses precedentes. Por el lado de lainterdicción y aprehensión de delincuentes, las cosas no eran muydiferentes. Del periodo 1974-1975 al 1975-1976, el número deaprehensiones aumentó de 2752 a 4 399. Además, se decomisaron215 kilos de cocaína en tránsito y se desmantelaron 16laboratorios donde se procesaban drogas”.

También narra en su libro“Régimen global de prohibición, actores criminalizados y lacultura del narcotráfico en México durante la década de1970”:

“A partir de 1979, inició una escalada en lacantidad de marihuana y heroína mexicana que entraba a EstadosUnidos. A su vez, a pesar de que los estadounidenses invertíandecenas de millones de dólares en los programas de erradicación,los últimos 18 meses de la administración de José LópezPortillo, los agentes de la DEA no sólo dejaron de participar enlas actividades de verificación de la operación de los programas,sino que fueron confinados a la embajada”.

Tipifican como delito elconsumo personal

Además de la continuación de laguerra contra las drogas, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)hubo de enfrentar en 1985 la tortura y asesinato del agente de laDEA, Kiki Camarena por órdenes del traficante Rafael CaroQuintero.

Antes de que terminara sumandato, en 1988 en las Naciones Unidas, se criminalizaroninternacionalmente las actividades relacionadas con el consumo dedrogas. En los tratados anteriores, (explica el Instituto BelisarioDomínguez) se exigió que algunas de estas actividades fueranconsideradas como delitos punibles, es decir, que quien lasrealizara fuera acreedor a algún tipo de castigo pero nonecesariamente del tipo penal, sino que las sanciones podrían seradministrativas e incluso amonestaciones. “En la Convención de1988 se obligó a los países firmantes a tipificar como delitopenal tanto la posesión como la adquisición y el cultivo deestupefacientes o sustancias sicotrópicas para consumo personal.Además se exigió que los países en donde se produjeran drogas deorigen natural erradicaran los cultivos”.

Tocaría en el gobierno de CarlosSalinas de Gortari (1988-1994) que se realizaran las reformas alCódigo Penal Federal el primero de enero de 1994, las cuales(junto con lo establecido en la Ley General de Salud) conforman engran parte la legislación vigente en México en materia dedrogas.

“Un cambio importanteintroducido por dichas reformas es que desde entonces se habla dedrogas y los diversos delitos relacionados con éstos ya no seencuentran todos en un mismo artículo. Las penas se aumentaronpara los casos de producción, transporte, tráfico, comercio ysuministro, que ahora son de un mínimo de 10 y un máximo de 25años. Pero la pena por siembra, cultivo y cosecha disminuyó. Parael consumo la ley establece que “No se procederá en contra dequien no siendo farmacodependiente, se le encuentre en posesión dealguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por unasola vez y en cantidad tal que pueda presumirse está destinada asu consumo personal” y que “al farmacodependiente que poseapara su estricto consumo personal algún narcótico de losseñalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna”;también que todo procesado o sentenciado que fuerefarmacodependiente quedará sujeto a tratamiento”, señala lainstitución del Senado.

Gobernaba Ernesto Zedillo Poncede León (1994-2000), cuando en la Sesión Especial de la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas de 1998 (UNGASS 1998, por sus siglasen inglés), se estableció un Plan de Acción que, entre otrasmedidas, incluía la promoción del desarrollo alternativo a la parde la erradicación de los cultivos ilícitos. “Esto es, seacordó internacionalmente impulsar opciones legales de desarrollosocial y económico para las comunidades agrícolas en donde sedetecten los cultivos de drogas. Además, se emitió unaDeclaración Política con principios rectores para implementarestrategias de reducción de la demanda de drogas, incluyendomedidas para disminuir las consecuencias negativas del consumo(medidas de reducción de daños).

Para el estudioso Marcos PabloMoloeznik, profesor-Investigador del Centro Universitario deCiencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara,el mandato de Vicente Fox Quesada (2000-2006) fue un fracaso el“al detener a tan sólo 15 líderes de un total de 74 mil 715narcotraficantes”, ello con base en su última rendición decuentas.

Otra guerra y los nuevostiempos

Y llegó Felipe Calderón alpoder (2006-2012), quien además de hacer su propia declaración deguerra a los narcotraficantes, signó la Iniciativa Mérida, hoy enagonía. Los altos mandos del Gobierno de Estados Unidos calculaban150 mil los muertos en ese periodo.

Durante su gobierno, en el año2009, en lo internacional se llevó a cabo el 52 período desesiones de la Comisión de Estupefacientes, durante el cual seaprobó una nueva Declaración Política y un nuevo Plan de Acciónsobre cooperación internacional a favor de una estrategia integraly equilibrada para contrarrestar el problema mundial dedrogas.

También en ese año fue adoptadapor el Congreso la Ley de Narcomenudeo y entró en vigor en agostode 2009, eliminando todas las sanciones por cantidades para usopersonal establecidas así: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio,medio gramo de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramosde metanfetamina o mdma. Los usuarios serán sometidos atratamiento obligatorio solamente después del tercer arresto. Laley de narcomenudeo reforma el artículo 478 de la Ley General deSalud.

Dicen que debido a que losumbrales de la dosis personal son muy bajos, se temía que esta leyconllevara a fuertes condenas de cárcel para los que fuesensorprendidos con cantidades mayores a las que permite la ley,porque se asumirá que son pequeños traficantes incluso si no hayotras indicaciones de que la cantidad poseída estaba destinada ala venta.

Enrique Peña Nieto (2012-2018)por su parte a la mitad de su mandato escuchó las voces de losmexicanos que demandaban un cambio en la política prohibicionistacontra la marihuana.

Previo a la reunión UNGASS 2016en la ONU, en 2014 se llevó a cabo una revisión intermedia de laDeclaración Política, la cual derivó en una DeclaraciónMinisterial Conjunta de los Estados miembros. Esta revisión,explica el IBD da cuenta de los logros alcanzados en el combate alas drogas pero también de los retos existentes y de las nuevasprioridades de acción.

Los ministros dijeron:

“Observamos con preocupaciónque la disponibilidad de drogas sometidas a fiscalizacióninternacional para fines médicos y científicos, particularmentepara el alivio del dolor y cuidados paliativos, sigue siendo escasao inexistente en muchos países del mundo, y resaltamos lanecesidad de que los Estados Miembros, la Comisión deEstupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización deEstupefacientes, en cooperación con la Oficina de las NacionesUnidas contra la Droga y el Delito y la Organización Mundial de laSalud, según proceda, hagan frente a esa situación promoviendomedidas para garantizar su disponibilidad y accesibilidad parafines médicos y científicos, de conformidad con la legislaciónnacional, previniendo al mismo tiempo su desviación, uso indebidoy tráfico, a fin de cumplir los objetivos de los tres tratados defiscalización internacional de drogas…”.

Por cierto que la JuntaInternacional de Fiscalización de Estupefacientes en su informemás reciente señaló:

“En México la disponibilidadde estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines médicossigue siendo baja, lo que limita el acceso que tienen a esas drogaslos pacientes con necesidades terapéuticas legítimas. El ConsejoNacional contra las Adicciones, en colaboración con la AsociaciónMexicana para el Estudio y el Tratamiento del Dolor, ha determinadocuáles son los obstáculos que reducen la disponibilidad de esosestupefacientes y sustancias sicotrópicas, entre los que figuranlos siguientes: la lentitud y complejidad de los procedimientosadministrativos para la obtención de esas drogas, la insuficienteformación de los profesionales de la salud pública, que los hacerenuentes a prescribir y dispensar esas sustancias, y la negativade muchos médicos a admitir el uso de opiáceos como opción detratamiento.

“A fin de afrontar esasdificultades, el Gobierno de México examina actualmente laposibilidad de introducir cambios en su estructura reguladora pararetirar los impedimentos que pesan indebidamente sobre laprescripción y dispensación de estupefacientes y sustanciassicotrópicas con fines médicos y cuenta con la colaboración delos médicos para organizar una campaña de sensibilización de losprofesionales de la medicina que tratan los dolores crónicos y lasenfermedades que requieren cuidados paliativos”.