Martha Elva González / El Sol de México
Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública(SFP) “no dará a conocer los nombres” de los 100 funcionariospúblicos y sus cómplices, investigados por enriquecimientoilícito, ya que forman parte de la averiguaciones previas ocarpetas de investigación, generadas por las denuncias penalespresentadas ante la Procuraduría General de la República.
La SFP informó que “las investigaciones son parte del combatea la corrupción, en el que se ha empeñado este Gobiernofederal” e incluyen, tanto a funcionarios de la presenteadministración, como a otros, de sexenios anteriores.
Precisó que en el ámbito administrativo, el delito prescribe,pero no en el penal y que actualmente, de acuerdo a sus facultades,la SFP se encarga de documentar los casos.
Agregó que, en los últimos diez meses, han sido sancionadosaltos funcionarios por actos contrarios a la ley, como lostitulares de Exportadora de Sal, Jorge Humberto López Portillo, dela Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Luis Rivera Montes deOca y del Puerto Topolobampo, Javier Tovar Jácome.
Sobre la omisión de servidores públicos para presentar sudeclaración patrimonial, señaló que alrededor de 210 mildeclaraciones, son presentadas al año y de ese número, el índicede incumplimiento solo alcanza entre uno y el dos por ciento.
Y que “los logros alcanzados en materia de la lucha contra lacorrupción, consolidan la vigencia de la secretaría”, que comose recordará, se había anunciado su desaparición.
Menciona que el reto para el 2016, es consolidar un sistema dequejas y denuncias ciudadanas, que sea más ágil, con una aperturamás amigable a los ciudadanos y de mayor confianza, para quepuedan hacer sus denuncias.
Incrementar el acceso de las personas para presentar quejas ydenuncias en materia de corrupción, así como consolidar la laborde la dependencia en el seguimiento de sus propios temas, como laestricta vigilancia a las compras e inversiones del sectorpúblico, especialmente, en las licitaciones de obra pública.
También recordó que, en los últimos tres años, ha impuestosanciones económicas por 5 mil 492 millones 253 mil pesos, afuncionarios de distintos órdenes dentro del Gobierno, es decir,poco más del doble de los recursos otorgados para el Programa dePrevención del Delito en el presupuesto del 2016, que fue de 2 mil15 millones 311 mil pesos.
De acuerdo con cifras de la dependencia, durante el periodo delprimero de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, sepresentaron 38 mil 774 sanciones, mientras que el número desancionados fue de 29 mil 510.