Los efectos socioeconómicos de la pandemia por Covid-19 están exacerbando las vulnerabilidades en todas las sociedades, incluidos los problemas relacionados con la atención de la salud, la seguridad social, la seguridad del empleo y las condiciones de trabajo, por lo que al igual que en tiempos de crisis económica, el aumento de la inseguridad, la pobreza y la marginación pueden ser un factor determinante para el incremento de la trata de personas, advirtió Yolice Quero, coordinadora del equipo de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en México.

En entrevista con El Sol de México, agregó que es muy probable que grupos delictivos como los tratantes se aprovechen de las vulnerabilidades de las personas, durante y tras la pandemia, con fines de explotación.

“Las crecientes tasas de desempleo, que seguramente empeorarán en los próximos meses, conllevarán presiones adicionales para los trabajadores y un aumento de la competencia por los puestos de trabajo, además de una reducción de los flujos de remesas internacionales hacia los países de origen, y ello expondrá a la pobreza a más familias”, dijo.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las estimaciones sobre el número de personas víctimas de trata en México varían entre 50 mil hasta 500 mil por año, siendo las mujeres y las niñas las más afectadas. Quero explicó que los riesgos de trata de personas pueden tomar la forma de préstamos por parte de fábricas a trabajadores confinados en casas sin recursos financieros, lo que podría convertirse en una “servidumbre por deudas”.

Además, añadió, el hecho de que se prohíba el trabajo sexual debido al confinamiento en algunos países, eleva el riesgo de empujar a los trabajadores sexuales a la clandestinidad y aumentar su vulnerabilidad frente a la trata de personas.

“La identificación de las víctimas de la trata es una tarea difícil debido a la naturaleza delictiva y clandestina de este fenómeno. Existe el riesgo de que la pandemia socave aún más los esfuerzos de identificación debido a las medidas de confinamiento; el cambio de las prioridades de los organismos encargados de aplicar la ley, que han pasado de la aprehensión de los tratantes a la vigilancia del confinamiento y la aplicación de medidas de contención de la COVID-19; y el cierre de los servicios sociales, los cuales son esenciales para la identificación de las víctimas de la trata”, explicó.

La experta consideró que la pandemia debe ser vista desde un enfoque de género y reforzar los mecanismos de protección a víctimas de violencia; así como los apoyos psicosociales. “Las medidas de seguridad sanitaria como el resguardo domiciliario corresponsable, el aislamiento y la cuarentena para prevenir la propagación del COVID-19 pueden intensificar la violencia de género, incluyendo el abuso o el acoso sexual, la violación, la violencia de pareja y la violencia familiar”, dijo.

Afirmó que si bien todos somos vulnerables, no todos tenemos las mismas posibilidades de prevenirlo y enfrentarlo como en el caso de los migrantes en general, pero de las mujeres en específico. “Casi la mitad de la población migrante son mujeres, y cada vez más migran ya no por acompañar al jefe de la familia sino por propio pie y no hay políticas o acciones con un enfoque de género”, dijo.