Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas arremetió contra el vocero de la Presidencia, Jesús Rámirez Cuevas. Además de tildarlo de “comunista”, advirtió que lo demandará por difundir expedientes del Poder Judicial.
La amenaza del empresario surge después de que la Presidencia de la República publicó el expediente de Grupo Salinas, en el que se incluyen estados financieros y crediticios, juicios, tesis de jurisprudencia y sentencias del caso para constatar un adeudo de 63 mil millones de pesos al SAT.
“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ¿Sí sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo?”, reviró Salinas Pliego en su cuenta de X.
“Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo”, le adelantó al vocero de la Presidencia.
Como posdata, el empresario acusó que los procesos judiciales “tienen reglas” que los “Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”.
Horas antes, Ricardo Salinas respondió al Gobierno Federal por publicar el expediente de sus empresas y adeudos fiscales.
Acusó que se trata de una campaña para “distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual”. Por ello, instó a debatir sobre la violencia que enfrenta México y otros proyectos de la 4T como “el AIFA, Mexicana de aviación, la refinería 2 bocas, el tren Maya, el banco del malestar, el Gas del Bienestar, el INSABI”, entre otros.
Con antelación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la publicación del expediente y remarcó que no se trata de un tema de odio ni conflicto personal, sino de “un asunto público”.
Sin embargo, Salinas Pliego aseveró: “¡no me van a doblar!”.
Implicaciones de exponer el expediente
De acuerdo con el profesor en Derecho Constitucional, Francisco Burgoa, la difusión del expediente de Grupo Salinas representa al menos “un abuso de poder y un acto de intimidación”.
El constitucionalista señaló que el artículo 214 del Código Penal Federal señala como ejercicio ilícito del servicio público utilizar ilegalmente “información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso”.
Agregó que las personas servidoras públicas cometen un delito en administración de justicia cuando “a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”, según el artículo 225 del mismo código.
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Asimismo, asentó que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública también se advierten sanciones por “Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos”.
