La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear las secretarias de la Mujeres; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Anticorrupción y Buen Gobierno, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Con 321 votos a favor, 108 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara avaló las reformas a la Ley de Administración Pública Federal que además, de crear tres nuevas dependencias, modifica las atribuciones de 15 secretarías en total.
La oposición respaldó la creación de la Secretaría de la Mujer, encabezada por Citlalli Hernández, y la Secretaría de Ciencia, a cargo de Rosaura Ruiz, sin embargo, se opuso a la Secretaría Anticorrupción por los “superpoderes” que le otorga la reforma, ya que le otorga la facultad de “acceder a la información, documentación, datos e imágenes, registros, y demás relacionadas en poder de la Administración Pública Federal que contribuyan con las investigaciones, actos de fiscalización, incluida su programación y, en general, con cualquier acción anticorrupción”.
El diputado Miguel Ángel Sánchez, de Movimiento Ciudadano, criticó que se entregue a la Secretaría Anticorrupción la facultad de garantizar la transparencia antes de que se concrete la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues advirtió que entregarle a la dependencia esa facultad aumenta el riesgo de opacidad y corrupción.
“El INAI ha sido una de las puertas que permite a los ciudadanos saber en qué se gastan sus recursos. Aquí se propone que el gobierno asuma esas funciones abriendo la puerta a que sea juez y parte en la materia de transparencia, esto sin duda aumenta el riesgo de opacidad y eventualmente de corrupción. La independencia de los órganos de transparencia es vital para la rendición de cuentas. No podemos concentrar en el gobierno una función que debería ejercerse sin conflicto de intereses”, dijo.
La diputada Marcela Guerra, del PRI, expresó su preocupación por los datos personales, pues ahora estarán a cargo de la Secretaría Anticorrupción, es decir, una dependencia de gobierno y no un órgano autónomo como el INAI.
“Nos preocupa que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, antes Secretaría de la Función Pública, tenga la facultad de la protección de los datos personales. Los datos personales son un derecho humano y pedimos y pediremos y exigiremos que siempre se manejen con responsabilidad y que no hagan un mal uso de ellos. 15 millones de datos personales están hoy por hoy en manos del Instituto Nacional de Acceso a la Información”, sostuvo.
Guerra Castillo también pidió certeza sobre quien quedará a cargo de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tras la extinción del INAI y exigió recursos para las liquidaciones de los trabajadores del Instituto.
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“Hacemos un énfasis en que la cantidad que según el comisionado presidente nos dio son alrededor de 300 millones de pesos, eso le pedimos aquí desde esta tribuna a la Secretaría de Hacienda”, dijo.
La reforma fue enviada al Senado de la República para su discusión y en su caso aprobación.
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