El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intenta ampliar, a todos los delitos, la figura del arraigo en el sistema penal federal, que permitió a la antigua Procuraduría General de la República (PGR), mantener, entre 2004 y 2018, a más 12 mil personas, incluidos políticos, empresarios, narcotraficantes, servidores públicos y exgobernadores, retenidas por más de 80 días, violando con ello la presunción de inocencia.

Esta semana trascendieron los borradores de las nueve iniciativas y reformas al sistema de justicia penal acusatorio que el Ejecutivo enviará al Senado para ampliar, entre otras cosas, el arraigo a todos los delitos, bajo el argumento de lograr una justicia más efectiva y reducir la impunidad.

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Sin embargo, en el pasado, esta figura amparó una serie de arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que la obligaron a ser limitada a delitos relativos al crimen organizado.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las violaciones a la presunción de inocencia se dispararon en los dos primeros años de la aplicación del arraigo, el cual se inició en 2008, pues 38 por ciento de las quejas generadas fueron por detenciones arbitrarias y 41 por ciento a tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras 26 por ciento presentó ambas violaciones.

El organismo nacional refiere, también que, hasta el año pasado, había 144 expedientes por violaciones al principio de presunción de inocencia.

Entre las dependencias denunciadas por esta violación están la antigua PGR, la policía federal, las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Marina, Instituto Nacional de Migración (INM); así como los gobiernos de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Estado de México.

Amparada en esta figura jurídica, la antigua PGR, -hoy Fiscalía General- mantuvo en la “casa de arraigo” que se ubicaba en la colonia Doctores, a personas como Vicente Carrillo Leyva, Carlos Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, el general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía.

Además de algunos políticos como Andrés Granier Melo, Jesús Reyna García, exgobernador de Michoacán, Jorge Han Ron, y a los custodios responsables de la fuga del Chapo; además de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El diputado de Morena, Azael Santiago Chepi, ha considerado que el arraigo constituye una forma de detención arbitraria contraria a las obligaciones en materia de derechos humanos que México ha adquirido, haciendo referencia a las cifras presentadas en los informes anuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las cuales destacan que las solicitudes de arraigo desde el 2009 y hasta el año 2012 fueron en aumento al pasar de 556 a 843.

Los informes de la Corte advierten, además, que mientras que en 2009 hubo 556 solicitudes de arraigo, en 2010 aumento a 772, y a 796 en 2011. Para el siguiente año, la cifra llegó a 843. Posteriormente, se registró una disminución hasta 305 solicitudes de arraigo en 2013, para llegar a 253 en 2014; 76 en 2015; 24 en 2016 y 22 en 2017. Para 2018 la cifra volvió a dispararse hasta alcanzar las 3 mil 532 solicitudes.

Por su parte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) reporta que para el año 2015 se solicitaron mil tres arraigos, 71 en 2016, y seis mil 2010 en 2017.

Estas cifras, sin embargo, contrastan con lo informado por la antigua PGR, quien, a través de una solicitud de transparencia entregada a un particular, aseguró que realizó arraigos a un total de 12 mil 71 personas entre los años 2004 y 2018. Especificó que 2005 y 2006 la cifra anual de arraigados fue de poco más de 500 personas, pero para 2007 se elevó a 849.

En 2008 se arraigó a mil 210, en 2009 la cifra creció a mil 772, y en 2010 a mil 982 personas.

El pico se alcanzó en 2011 con dos mil 385 personas arraigadas, mientras que para 2012 hubo un decremento de arraigos, aunque la cifra llegó a las mil 641 personas.

En 2013, fueron 627 las personas sometidas a esa medida, para 2014 disminuyeron a 289, y en 2015 fueron solamente 84. En 2016, ya con la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio, que ubicó al arraigo sólo como una medida cautelar, que tendría que usarse solo si se justificaba ante un juez, la cantidad de arraigados fue de apenas 25. En 2017 fueron 14 y en 2018 fueron 21.

Mientras que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en un reporte entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, advirtió que un promedio de 1.82 personas son puestas bajo arraigo cada día a nivel federal y 1.12 a nivel local.

Resalta el caso de Jaime Carlos González Coronel, médico de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, que fue sometido a tres periodos de arraigo de manera consecutiva por la PGR.

Vencido el primer término de 40 días por el que fue arraigado por el supuesto delito de tráfico de órganos y de personas indocumentadas, la PGR solicitó otro plazo por 40 días y al término del plazo solicitó una nueva orden de arraigo, pero esta vez por lavado de dinero con lo que logro enjuiciar a esta persona.