Hasta 145 suspensiones contra la reforma judicial han sido ignoradas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por lo que la discusión del proyecto de ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que invalida la elección de ministros y jueces por voto popular que tendrá lugar este día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enmarca en un desacato judicial constante.
Tan sólo el INE había recibido hasta el 7 de octubre 140 órdenes judiciales para frenar la elección y aunque detuvo los trabajos de organización por una semana, los reanudó luego de recibir el aval de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con los comicios, pues determinó que “constitucionalmente inviable” suspenderlos.
Ayer, Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Colima, volvió a ordenar a los consejeros del INE suspender la elección judicial y amagó con aplicar sanciones económicas de 54 mil 285 pesos y prisión a cada consejero, sin embargo, la orden quedó en un llamado a misa.
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El sábado 31 de agosto, tres días antes de que la Cámara de Diputados arrancara con el desahogo de la reforma judicial, dos jueces federales ordenaron a la Cámara Baja suspender tanto la discusión y aprobación de la reforma; la orden fue ignorada y los diputados aprobaron la reforma en una sede alterna, pues trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro.
El 17 de octubre, Nancy Juárez Salas, jueza décimo novena de distrito del estado de Veracruz ordenó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López González, eliminar la publicación de la Reforma Judicial en un plazo de 24 horas, sin embargo, ninguno de los dos hizo caso.
La orden de la jueza provocó que Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, impulsara la iniciativa de supremacía constitucional para blindar las reformas a la Carta Magna de la cuatroté, misma que fue aprobada en fast track.
El decreto de la reforma de Supremacía Constitucional incluye un artículo transitorio que hace retroactiva su aplicación, pues establece que todos los procesos judiciales contra la reforma judicial deben ser sobreseídos, es decir, desechados.
El 27 de septiembre, la jueza Andrea Génesis Alarcón Cortés emitió una suspensión provisional contra la reforma judicial, en la que prohibió a las autoridades disminuir las remuneraciones actuales que perciben personas impartidoras de justicia en el país; además de que, según la determinación, no podrán afectarse las pensiones de juzgadores en retiro.
La suspensión estableció por primera vez en este tipo de resoluciones contra la reforma judicial, que tampoco deberán de extinguirse los fondos y fideicomisos que actualmente existen en el Poder Judicial de la Federación.
El viernes 1 de noviembre, el juez Sergio Santamaría Chamú otorgó la suspensión provisional contra la implementación de la reforma, situación que, específicamente, beneficia a jueces y magistrados adscritos a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED)para evitar el cese masivo de impartidores de justicia .
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La eventual aprobación del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá podría no significar el fin de la reforma judicial, pues la presidenta Sheinbaum anunció que ya tiene un Plan B ante ese escenario.
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