El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ratificó la propuesta del formato para recabar las declaraciones patrimonial y de conflicto de interés, propuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC).
En sesión ordinaria, ese organismo acordó proponer al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que es el organismo aprobara el formato, el cual deberá de aplicarse tanto para la administración que concluirá su encargo el próximo 30 de noviembre como para aquella que iniciará sus funciones el 1 de diciembre.
En su intervención el comisionado Oscar Guerra Ford expuso que en la propuesta original del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y remitida al INAI se conformaba por 555 campos de información, pero ese organismo lo modificó para agregar 300 campos más con la intención de ordenar, sistematizar y con ello contar con un mejor manejo de datos, con lo que suman alrededor de 855 puntos que tendrán que ser respondidos por los funcionarios.
“De los 855 campos, el 10 por ciento, es decir 88, son públicos por ministerio de Ley, es decir no quedan a discusión; son públicos porque así lo establece alguna Ley; el 28.3 por ciento, 242 datos son confidenciales, son datos personales ya sean del propio servidor público, de sus cónyuges, familiares cercanos o terceros indirectos”, se detalló.
También se informó que el documento presentado por CPC consta de un número importante de hoja, situación por la cual no se leyó en el pleno de la sesión de ayer.
Con el nuevo formato señalaron los comisionados, todos los ciudadanos podrán dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, incluyendo información sobre los cónyuges y dependientes económicos, aunque respetando siempre su derecho a la protección de ciertos datos personales.
El comisionado Joel Salas Suárez, dejó en claro que de aprobarse la propuesta “no habrá excepciones, ningún servidor público tendrá la posibilidad de elegir si quiere o no que sus declaraciones sean públicas”.
Salas también propuso que tanto servidores públicos salientes como quienes lleguen a desempeñar un cargo público, deberán presentar dicha declaración.
“La ponencia a mi cargo, considera indispensable que los futuros gobernantes y los servidores públicos que los apoyarán sepan que las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de los servidores públicos, entregadas a las autoridades competentes son calificadas como información pública”, enfatizó
Por su lado, la también comisionada de ese órgano, Blanca Lilia Ibarra señaló que al aprobarse el formato por el Comité Coordinador por lo menos unos 5 millones de funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno de los tres poderes y de los órganos autónomos estarán obligados a llenarlos.
Por otro lado y al dar su posicionamiento al inició de la discusión Salas destacó que los más de 3 mil 700 candidatos a puestos de elección popular, solo el 13.61 por ciento cumplió con este compromiso.
Recordó que el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana ofreció a los candidatos una plataforma electrónica disponible para adelantarse al cumplimiento de esta obligación; sin embargo, sólo el 13.61 por ciento de todos los candidatos la presentó.
Los comisionados del INAI insistieron también en que será en el mes de julio cuando el Comité Coordinador decida aprobar los formatos de declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos.
