“No es que en 2014 no hubiera ya una lucha muy amplia de muchos colectivos de familiares de desaparecidos. Pero de alguna forma, los hechos en contra de los estudiantes lograron movilizar la indignación que había en México y ponerle una cara a esa crisis”, dice María Luisa Aguilar Rodríguez, Coordinadora Internacional del Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos que ha acompañado a las familias de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
La realidad es que con el paso de una década es cada vez más difícil conocer “minuto a minuto” lo que ocurrió con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, afirmó Aguilar Rodríguez en entrevista con El Sol de México.
“No podemos dejar de reconocer que será difícil conocer minuto a minuto que sucedió esa noche y minuto minuto que sucedió con cada uno de los estudiantes. Eso es muy difícil de decir para una organización de derechos humanos que lleva acompañando a las familias todos estos diez años, pero también es muy difícil para las familias reconocer que el paso del tiempo siempre tiene un impacto”.
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Añade que las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Centro Prodh, al que acusó de mal aconsejar a los padres de los normalistas, se enmarcan en la imposibilidad que ha tenido el gobierno de esclarecer el tema y de sancionar aquellas instituciones que no han colaborado con la investigación, como el Ejército.
Acusa que se pusieron prioridades políticas por encima de la investigación más encaminadas en cerrar el caso, que en llegar a la verdad, que incluso propiciaron la salida de Alejandro Encinas de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).
“Cuando las Fuerzas Armadas no quisieron colaborar con la con la investigación y se obstaculizó el acceso a muchos archivos, pero además también se empezaron a poner trabas en la en la posibilidad de investigar a elementos de las Fuerzas Armadas y cuando la Fiscalía volvió a prácticas antiguas de poner las prioridades políticas por encima de la investigación y eso culminó en la salida del fiscal especial, pero también la del propio subsecretario Encinas.”
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La Coordinadora Internacional del Centro Prodh argumenta que no se tomó en cuenta la participación de los familiares de las víctimas ni de organizaciones civiles desde el inicio de la investigación para llegar a la verdad, sino que se buscó utilizar a las instituciones del Estado para cerrar el asunto con la llamada “verdad histórica”.
“Desde el inicio eso fue lo que lo que hizo falta, el poder conocer de una investigación que tuviera una perspectiva de derechos humanos, que el objetivo fuera conocer del paradero de los estudiantes y que esos esfuerzos fueran los que fueran liderando los esfuerzos de las instituciones”.
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Sin embargo, aún con los avances logrados este sexenio como la identificación de dos estudiantes, las investigaciones de las irregularidades cometidas en 2014 y 2015 y la cooperación de Estados Unidos en la investigación de la estructura criminal, el Centro Prodh considera que, hace un par de años, los tiempos y objetivos políticos se pusieron por encima de la investigación.
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