Sin trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación regresan mañana 16 de octubre a las labores habituales en los órganos jurisdiccionales del país, según lo acordado por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del PJF.
Mediante una votación, la mayoría de titulares de juzgados y tribunales del país acordaron levantar el paro de labores este miércoles; sin embargo, trabajadores del PJF (actuarios, oficiales, secretarios) no respaldan dicha votación y se mantienen firmes en que no existen las condiciones para regresar.
Patricia Aguayo Bernal, secretaria de juzgado y vocera de trabajadores independientes del PJF expuso a El Sol de México:
“Hemos estado haciendo encuestas precisamente sobre ese tema y la gran mayoría de los compañeros trabajadores han decidido continuar con la suspensión de labores (...) Debemos de tener muy presente que este movimiento y esta suspensión de labores la iniciamos los trabajadores, la base trabajadora y solo nosotros mismos vamos a poder darle conclusión”, afirmó.
-¿Podría haber un conflicto con el hecho de que mañana lleguen jueces y magistrados a sus lugares de trabajo? ¿Qué podría pasar ahí?
-Los edificios están cerrados con cadenas, no van a poder entrar de todas maneras, respondió la vocera.
La situación es respaldada por el movimiento denominado “32 Circuitos Unidos”, quienes, durante las protestas a las afueras de Palacio Nacional de este martes, advirtieron que no hay condiciones para el regreso de labores e hicieron un llamado a jueces y magistrados a unirse a la continuación del paro.
“No va a haber regreso de labores, de una vez les decimos. El paro lo iniciamos los trabajadores y lo vamos a terminar los trabajadores una vez que se encuentren garantizadas nuestras prestaciones, no de este año, del próximo y de los siguientes. Así de fácil. A los trabajadores no se les va a tocar”, consignó el trabajador Jorge Alejandro Pérez Luna.
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“La tómbola no son nones ni pares, somos todos y es Poder Judicial Federal. Unanse compañeros”, dijo hacia los titulares que acordaron levantar el paro.
Al respecto, la jueza y directora nacional de la JUFED, Juana Fuentes Velázquez, indicó a este periódico que “la idea es regresar, finalmente eso fue lo que se votó, obviamente puede haber un tema de imposibilidad, sabemos que también los trabajadores se están expresando, ellos estaban comentando que no hay condiciones, y pues ahí el interlocutor, el que dé una posible respuesta, sería el Consejo (de la Judicatura Federal)”.
“Nos constituiremos en nuestros órganos jurisdiccionales, a ver si hay posibilidades de reanudar, sino bueno, pues también lo que hemos hecho es la continuidad de la imposibilidad (para laborar), y también que el justiciable sepa cuál es la causa”, agregó Fuentes Velázquez.
Respecto al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano rector de todos los juzgados y tribunales federales, las y los trabajadores del PJF exigen que éste organismo les garantice sus prestaciones y cumpla con el pliego petitorio que les entregaron para poder regresar a laborar habitualmente.
“(Regresaremos) una vez que se encuentren garantizadas nuestras prestaciones. No de este año. Del próximo y de los siguientes. Así de fácil. A los trabajadores no se les va a tocar. Mientras no cambien las condiciones y no nos garanticen las peticiones que hicimos ante el Consejo de la Judicatura Federal, la suspensión de labores va a prevalecer. Y los únicos que tenemos la posibilidad de levantarlo somos la base trabajadora. No lo haremos hasta que el Consejo mismo nos dé esas garantías”, indicó el trabajador Pérez Luna.
Mañana, miércoles 16 de octubre, se prevé que el CJF, presidido por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, sesione alrededor de los temas del levantamiento del paro y las exigencias de la base trabajadora.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene para mañana 16 de octubre en sesión del día y a solicitud de magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Vigésimo Circuito, un recurso de revisión para determinar si este Máximo Tribunal tiene la facultad de suspender una reforma constitucional, en este caso las modificaciones al sistema judicial mexicano que se promulgó el 15 de septiembre.