El gobierno de Estados Unidos sospechaba que funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano protegían las actividades del narcotráfico y que los beneficios de ello alcanzaban al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, de acuerdo con un documento desclasificado por el FBI, elaborado el 25 de marzo de 1986.
El documento obtenido por El Sol de México a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) confirma que el nombre de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aparece en investigaciones realizadas por agencias estadounidenses, particularmente relacionadas con la figura de Enrique Kiki Camarena Salazar, el agente de la DEA asesinado en México el 9 de febrero de 1985.
En respuesta a la solicitud de este medio, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) indica que aunque el contenido específico relacionado con Bartlett Díaz no es detallado en el informe liberado, destaca que varios documentos podrían haber sido destruidos o transferidos a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés), limitando la profundidad de la información disponible.
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El documento liberado menciona que ciertos archivos de interés no están bajo la custodia del FBI, lo que apunta a la posibilidad de que parte de la información relacionada con el caso de Camarena Salazar y otros implicados, potencialmente incluyendo a Bartlett, no esté disponible para una revisión pública inmediata. Sin embargo, la respuesta a este medio dice que el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos en México (LEGAT) sospechaba que las autoridades mexicanas protegían a narcotraficantes.
“LEGAT sospecha fuertemente de que las actividades de protección a narcotraficantes (nombre testado) no lo beneficiaron únicamente a él, sino que tal vez alcanzaron al secretario de Interior (Gobernación), Manuel Bartlett Díaz. Si bien es meramente una fuerte sospecha, hay indicios de corrupción generalizada y actividades de extorsión por parte de (nombre testado), no es difícil concluir lógicamente que estas actividades benefician en última instancia a los principales líderes del gobierno mexicano”, dice el documento que recibió Gobierno de Estados Unidos el 25 de marzo de 1986, un año después del asesinato de Enrique Kiki Camarena.
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“Si (testado) eligiera hablar con representantes del gobierno estadounidense (testado) su vida estaría en...”, dice el siguiente párrafo al que menciona a Bartlett como posible beneficiario de la protección a narcotraficantes.
El documento habla de una conversación tras el asesinato del agente estadounidense en febrero de 1985, pero testa el nombre de las personas que las sostuvieron.
“Esta conversación tuvo lugar justo antes de que se ampliará la publicidad de (testado) el encubrimiento del asesinato de Camarena”, añade el informe.
El Sol de México buscó la postura de Manuel Bartlett a través de CFE, dependencia que encabeza, a lo que contestó que se trata de un tema personal que el funcionario ha aclarado y descartó una postura oficial.
En febrero de este año, El Sol de México publicó la serie de reportajes “Expediente Kiki Camaren: Cuando Caro Quintero enfureció a la DEA”, en el cual se cuenta cómo el narcotraficante junto a Ernesto Fonseca, Don Neto, planeó el secuestro y asesinato del agente de la DEA, en el que participaron agentes de corporaciones mexicanas.
En la página 37, Tomo XX, Parte B del expediente judicial del juicio de Caro Quintero, López Razón, entonces agente de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, declara ante agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que él era guardaespaldas de Don Neto y que participó en el plan para secuestrar al agente de la DEA afuera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, para luego llevarlo a una casa de Caro Quintero en la capital jalisciense, donde posteriormente fue torturado y ultimado.
El expediente señala que agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, que estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación) estaban coludidos con el narcotráfico y entregaban credenciales de la agencia a miembros del crimen, al grado de que vario integrantes del Cártel de Guadalajara tenían identificaciones de la corporación de seguridad.
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Nueve meses después del asesinato de Kiki Camarena, el entonces presidente Miguel de la Madrid ordenó la desaparición de la DFS.
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