Funcionarios encargados de la protección a periodistas coincidieron este martes en la necesidad de reforzar la coordinación estatal, municipal y federal en defensa y protección de mujeres que ejercen el periodismo en el país.
Al participar en el foro “Acciones gubernamentales para la atención a #MujeresPerioristas víctimas de violencia en el ejercicio de su labor”, organizado por la organización CIMAC, Luis Miguel Carriedo, coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de México, reconoció que existe todavía el reto de hacer valer de forma transversal en la perspectiva de género los enfoque diferenciados cuando se identifican riesgos contra comunicadoras.
“Para prevenir, no hay que quedarnos sólo en casos que requieren la incorporación al mecanismo y de ahí que estamos trabajando con otras autoridades. Cuando empezamos esta administración en 2023, había solamente 14 personas locales beneficiarias del mecanismo, hoy tenemos ya 53 y para final de mes podemos llegar a 60, esto ha sido porque hemos tratado de ser proactivos,, no esperamos a que vengan a tocar la puerta”, destacó.
Subrayó, además que el Estado de México también firmó un acuerdo con la Secretaría del Trabajo estatal para actuar en casos de censura o despidos injustificados a fin de que a través del propio mecanismo se gestione una atención más rápida, eficaz y gratuita en temas laborales.
Carriedo aseguró que muchas de las agresiones que sufren las comunicadoras y comunicadores provienen de autoridades estatales y municipales, pero también de sectores particulares como el empresarial.
“Nos enfrentamos a la necesidad de articularnos de tener una sensibilidad de derechos humanos y perspectiva más integral y no solamente de casos que requieran atención policiaca y de más, sino una mirada amplia y transversal con perspectiva de género”, agregó.
Por su parte, Jheny Judith Bernal, directora del Instituto para la Protección de Activistas y Periodistas en Sinaloa, reconoció que uno de los mayores retos a los que se enfrentan los comunicadores en general en el estado para ejercer su profesión es la violencia.
Compartió que a través del Instituto se han otorgado 500 medidas de protección en 80 expedientes que se han abierto en Sinaloa. Entre las medidas proporcionadas están desde la atención psicológica, el reforzamiento de ventas y puertas en casas y centros de trabajo, hasta el desplazamiento del estado a familias porque el nivel de riesgo era muy alto que no había otra opción.
Explicó algunas otras medidas que desde el Instituto se han implementado para garantizar la seguridad de comunicadores en Sinaloa como respetar la autonomía de las personas que, por ejemplo, no quieren denunciar por miedo; así como garantizar en todo momento la confidencialidad de las personas en riesgo.
“En uno de los casos de éxito que hemos tenido logramos que el ministerio público acudiera a la casa de la mujer amenazada, violentada, a tomar su denuncia, algo que nunca se había visto”, compartió.
➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante
Representantes del mecanismo de protección a periodistas en estado como Guanajuato, también compartieron algunas de las medidas que se han implementado para garantizar la seguridad de las y los comunicadores como la creación de redes de apoyo telefónicas que dan servicios 24 horas al día los 365 días del año.