Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron las leyes secundarias correspondientes a la reforma judicial de los dictámenes para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como el proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, explicó que estos dictámenes tienen por objeto armonizar las leyes con la reforma constitucional al Poder Judicial, por lo que el decreto por el que se expide la Ley Orgánica permitirá establecer las normas, estructura, integración, funcionamiento y competencia de los órganos que componen la institución.
En cuanto a la Ley de Carrera Judicial, dijo que esta se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que garantiza el respeto a los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se adicionó el criterio de buena administración, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos códigos de conducta.
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, manifestó que el partido votará en contra de estas leyes secundarias, porque no soluciona los problemas de justicia que aquejan a la ciudadanía, sino por el contrario, “somete abiertamente” al Poder Judicial al partido en el poder, además con ello, el grupo mayoritario se “adueña” de los cargos públicos en dicho poder.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista, asentó que estas leyes secundarias responden a una exigencia urgente de la sociedad mexicana para contar con servidores públicos democráticos, transparentes, imparciales y cercanos a la gente, por lo que la justicia en el país se encuentra en “pleno proceso de evolución”.
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La priista Carolina Viggiano Austria, refirió que su grupo parlamentario daría su voto en contra debido a que hay una invasión al Poder Judicial y el deseo de destruirlo, porque si bien tenía deficiencias, la reforma está “manchada desde origen”, pues afecta el equilibrio de poderes y se aprobó con una “mayoría espuria”, por lo que no puede combatir la corrupción ni tener la certeza de que se tendrán a los mejores juzgadores.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, indicó que su partido daría voto en contra, porque esta reforma no se diseñó para mejorar el sistema de justicia del país, sino para que el grupo en el poder tenga el control del Poder Judicial, empezando porque “Morena como movimiento” tendrá el control de la elección de juzgadores.
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Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, señaló que esta reforma representa la oportunidad de arrancar de raíz todo lo que ha lastimado la justicia, pues transformar el Poder Judicial es un deber “moral” con las generaciones futuras, para que encuentren en la justicia un derecho y no un privilegio, “nunca más un poder al servicio de los ministros que sirven al interés de los partidos políticos”.