La telefonía móvil se ha convertido en una herramienta esencial para los extorsionistas en México. Cada vez es más frecuente recibir una llamada de amenaza o para algún fraude.
La persecución de dicho delito se complica debido a que los delincuentes utilizan entre 15 y 18 chips de celulares para para coaccionar a los mexicanos, reveló esta semana el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
Según el organismo, un delincuente puede utilizar hasta 10 chips diferentes para acosar y extorsionar a una sola víctima, pero en casos de secuestro se detectó el uso de entre 15 y 18 microprocesadores diferentes para coaccionar a las personas a pagar un rescate.
Ante este escenario, el CNSP hizo un llamado a priorizar la venta regulada de chips para telefonía celular con el fin de hacer más eficiente el combate al crimen organizado y reducir así delitos como secuestros, extorsiones e, incluso, los casos de cobro por derecho de piso en el país.
“La regulación de la venta y compra de chips en telefonía celular es de vital importancia para erradicar este tipo acciones delictivas”, enfatizó Raúl Sapién, presidente del organismo.
De acuerdo con cifras oficiales, los casos de extorsión en el país equivalen a 1.5 por ciento del PIB nacional.
Datos recabados por la organización México Evalúa señalan que este delito le cuesta a los mexicanos alrededor de seis mil 468 pesos por ciudadano.
Además, la extorsión muestra un alza considerable en los últimos años, al pasar de poco más de cinco mil casos registrados en 2016 a ocho mil 400 el año pasado.
La CNSP quiere apresurar la legislación en materia de venta y registro de chips telefónicos, la cual se promovió en el Congreso a principios de año.
En enero pasado, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados promovió la creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, que entre sus finalidades busca reducir la venta de chips utilizados por la delincuencia.
La iniciativa propone que las compañías de telefonía celular entreguen datos personales de quienes adquieran un chip o SIM, como son nombre, dirección, número telefónico e identificador del dispositivo, así como datos del concesionario o distribuidor autorizado, además de reportar la fecha y hora de activación de la SIM.
Para el CNSP resulta indispensable regular la venta de chips para atacar un delito que pone en jaque a ciudadanos y pymes, particularmente de entidades como Veracruz, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México, donde se encuentran los índices más altos de extorsión.
Tan sólo en la capital del país, el año anterior se registraron 5.7 millones de intentos de extorsión, de los cuales 92 por ciento se realizó a través de una llamada desde un teléfono celular, según información del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Además de la venta desmedida de chips, el CNSP advirtió que la falta de seguridad en el uso de redes sociales conlleva un aumento en las extorsiones.
“El uso de redes sociales sin protocolos digitales de seguridad, ha hecho que los extorsionadores puedan tener información de los lugares que visita de manera frecuente una víctima, e incluso les da una lectura amplia del nivel de vida que llevan, pues a través de fotografías pueden saber a qué partes ha viajado”, dijo.
Esta información es usada por criminales paras determinar el momento en el que pueden llamar a un familiar de una víctima, lo que facilita su trabajo.
