Un juez de Estados Unidos desestimó el miércoles gran parte de la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por México que buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas de ese país de facilitarlas a los cárteles de la droga a través de la frontera entre ambas naciones.
El juez de distrito estadounidense Dennis Saylor en Boston desestimó los procesos contra seis de las ocho empresas que México denunció en 2021, incluidas Sturm, Ruger y Glock, citando problemas jurisdiccionales.
México respondió que está analizando si presenta una apelación o demanda en otras cortes estadounidenses.
Saylor calificó la conexión de las empresas con Massachusetts de "mínima, en el mejor de los casos". Ninguna de las seis empresas estaba constituida en el estado, por lo que el juez dijo que México no demostró que ningún arma de fuego vendida en Massachusetts le haya causado daño.
Si bien México argumentó que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts eventualmente fueran traficadas ilegalmente al país latinoamericano, Saylor afirmó que la nación carecía de pruebas suficientes para establecer jurisdicción.
Otras empresas desestimadas del caso incluyeron Barrett Firearms Manufacturing; Colt's Manufacturing, una unidad de Colt CZ Group; Century International Arms y Beretta.
Los acusados restantes son Smith & Wesson Brands, que en el año que México presentó la demanda anunció que se mudaría a Tennessee, desde Massachusetts, por regulaciones de armas, y el mayorista Witmer Public Safety Group.
Lawrence Keane, asesor general del grupo comercial de la industria National Shooting Sports Foundation, acogió con agrado la decisión de Saylor y expresó optimismo de que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimaría el resto del caso.
Desestimación no afecta demandas: México
El Gobierno de México dijo más tarde que la denuncia en Boston continúa en contra de Smith & Wesson e Interstate Arms y que la decisión del miércoles "no afecta la demanda contra estas dos empresas ni absuelve de responsabilidad a las otras seis empresas".
Además, aseguró que las acciones contra las seis firmas continúa. "México está analizando, entre otras acciones, si se presenta una apelación o se demanda en otras cortes estadounidenses", dijo la cancillería en una respuesta a Reuters.
En abril, las empresas pidieron a la Corte Suprema que revisara una decisión de un tribunal federal de apelaciones de que el caso calificaba para una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas que ampara ampliamente a esa industria contra demandas por el uso indebido de sus productos.
México acusó a los fabricantes de estos artículos de socavar sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar en formas que sabían que equiparían a los cárteles de la droga y alimentarían asesinatos, extorsiones y secuestros.
México sostiene que más de 500 mil armas son traficadas anualmente a su país desde Estados Unidos, más del 68 por ciento, de las cuales son fabricadas por las empresas demandadas.
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La nación también asegura que el tráfico ha contribuido a las altas tasas de muertes con armas, a una disminución de la inversión, la actividad económica y a la necesidad de gastar más en aplicación de la ley y seguridad pública.
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