Luis Alfonso Silva Romo, senador del PVEM
“La prisión preventiva oficiosa (PPO) es indispensable para combatir delitos como el narcotráfico y la extorsión. Esta medida tiene un efecto disuasivo frente a la criminalidad organizada”.
Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano
“La iniciativa viola derechos humanos, elimina la presunción de inocencia y perpetúa un sistema punitivista que afecta principalmente a mujeres y personas en situación de pobreza”.
Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad Pública
“Entre las ventajas de la PPO se encuentran: Protege a la víctima de su agresor. Evita que los presuntos delincuentes se sustraigan de la justicia. Evita que amenacen o atenten contra testigos. Evitar una reincidencia del delincuente. Se prevé la comisión de futuros delitos contra la sociedad”.
Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana CDMX
“Uno de los grandes riesgos de mantener la prisión preventiva oficiosa en México es que, de alguna manera, manda incentivos que no contribuyen a fortalecer las instituciones de procuración e impartición de justicia. Al aplicar la prisión preventiva oficiosa se dice de alguna forma al Ministerio Público que sin evidencias puede llevar a prisión a cualquier persona por el simple hecho de ser señalada de haber cometido un delito. Lo anterior, no lo incentiva a hacer una investigación científica que recabe evidencias para que la persona imputada sea llevada a juicio, procesada y eventualmente condenada; y a que sólo cuando exista una causa justificada y de forma excepcional determinada por la o el juez, pueda aplicarse la prisión preventiva como medida cautelar”.
Luisa María Alcalde, ex secretaria de Gobernación
“No aplicar la prisión preventiva oficiosa representa una amenaza para la seguridad nacional, pues impactaría en la posible liberación de 68 mil personas acusadas. Llamamos a la SCJN a no invalidar el artículo 19 de la Constitución”.
Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano
“Esta medida convierte la prisión en una pena anticipada y destacó el grave problema de hacinamiento en las cárceles, que ya operan al 105% de su capacidad.
Instituto Federal de Defensoría Pública
“(Ante este debate de la PPO) Buscamos verificar que todas las personas tengan derecho a ser oídas en juicio y que se les dé la oportunidad de exponer y demostrar que se comprometen a acudir a las audiencias. La principal preocupación es que tengan un proceso justo o incluso que les permitan vivir una vida normal hasta en tanto no les declaren culpables. Desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, la Defensoría Pública Federal ha promovido 1,967 solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, obteniendo 489 resultados favorables, 819 desfavorables y el restante siguen pendiente de resolución”.
Arturo Piñeiro, coordinador de Justicia del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
“El uso de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva es un parteaguas que pondera al principio de presunción de inocencia, pero en México aún hay retos por cumplir para evitar que la reclusión temporal sea utilizada de forma sistemática y genere penas anticipadas, lo cual daña al imputado”.