Especialistas en seguridad reprobaron el Plan de Seguridad presentado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que será la prolongación de la militarización del combate al crimen organizado, además de que carece de una estrategia para fortalecer a las policías locales y al sistema de impartición de justicia.
El analista en temas de seguridad Alejandro Hope calificó como malísimo el Plan de la nueva administración, ya que hay un intento velado de centralizar a las policías locales, lo cual crea un incentivo para que los gobernadores se deslinden del problema de inseguridad, lo cual traerá una falta de capacitación policiaca.
“Se enfoca en lo fundamental en el gobierno federal, no hay planteamiento por el desarrollo en los estados, no hay nada de procuración de justicia. Se concentra en lo que se hará desde la Federación. Sí hay en la parte de las coordinaciones territoriales hay un intento velado de controlar a las organizaciones municipales”, dijo el especialista.
Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, coincidió en que el Plan es malo, al afirmar que se está abriendo la puerta para una reforma constitucional que avale la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
“La discusión de la Ley de Seguridad Interior queda minimizada y ridiculizada frente al plan que se presentó, pero esto ya no será la mayor de nuestras preocupaciones porque la voluntad de lo que escuchamos ayer (el miércoles) es reformar la Constitución y frente a una reforma constitucional perdemos incluso el contrapeso de la Suprema Corte de Justicia”, dijo.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, opinó que no se entiende la creación de la Guardia Nacional militar, ya que esto, en lugar de emprender el camino de desmilitarización, la fortalece al darle a las fuerzas castrenses para continuar con operativos contra la delincuencia.
A pesar de estas críticas, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la actual administración respeta y apoya el Plan, y que colaborarán con él hasta el último día de este sexenio.
“Nosotros como gobierno vemos con absoluto respeto las propuestas que emanen del próximo gobierno, que tomará las riendas del país a partir del 1 de diciembre, y trataremos de ayudar en todo lo posible a que asuman la responsabilidad en las mejores condiciones posibles. En este momento no tendríamos opinión, más que respetarle y apoyarle en lo que requieran y necesiten”, dijo el funcionario.
Quien no estuvo de acuerdo con él, fue el ex secretario de Gobernación y actual senador, Miguel Ángel Osorio Chong, quien afirmó que enviar a los miliares a ser policías no se da en el marco de la ley “y a todas luces compromete al Ejército en el tema de seguridad pública’’.
“Habla de contradecirse respecto de lo que plantearon en campaña y que ahora no solamente no cumplen, sino que ponen al frente de la estrategia a los militares’’.
Al respecto, Clemente Romero, investigador de Causa en Común, comentó que el Plan deja en el olvido tanto a los policías como al sistema de justicia, al no dotarlos de herramientas de capacitación.
“El personaje más abandonado en la presentación es el policía, y por policía hablo desde los policías municipales, los estatales y los miembros de la Policía Federal, para ellos no hay mención, no hay propuestas, no hay alternativas, la única que les dieron a los policías federales es que se incorporen a la Guardia Nacional… pareciera que el sistema judicial es irrelevante, si bien es cierto se menciona, pero no se apuesta por una Fiscalía independiente”, comentó el especialista.
Otras instancias que opinaron sobre el Plan fueron Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La organización no gubernamental se pronunció porque el nuevo gobierno debe romper el paradigma militar de seguridad y establecer un nuevo modelo.
“Deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y deben mantener el control de las operaciones. La propuesta del presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y profesionalización de las policías civiles”, declaró Tania Reneaum, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México
Por su parte, el ombudsperson, Raúl González Pérez, dijo que si bien en el Plan se contemplan diversos puntos para prevenir los delitos, y se reconocen los derechos humanos, se debe garantizar que el mando de las corporaciones de seguridad pública recaiga en autoridades civiles.
“En el documento que se hizo público se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia”.
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