Ulises Lara encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que su intervención en el intento de detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no fue una rescate y sino fue en cumplimiento con la ley.
“Aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se hay señalado, cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido”, aseguró Ulises Lara en un mensaje transmitido en esta mañana.
Lara argumentó que las autoridades judiciales de Chihuahua no cumplieron con todo el procedimiento necesario para detenerlo en la capital mexicana.
“No se había agotado y formalizado plenamente los tramites correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos, pude confirmar que sin la presencia de elementos de esta Fiscalía se buscaba llevar una diligencia misma que no corresponde a una colaboración o aceptación de esta Fiscalía”, explicó.
La orden de aprehensión contra el exgobernador de Chihuahua es por el delito de peculado, además de que hay un proceso administrativo luego de que la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua lo acusó de adquirir una propiedad en Ciudad Juárez, la cual no incluyó en su declaración patrimonial.
El encargado de despacho de la Fiscalía declaró que por propia voluntad, Javier Corral decidió acompañarlo a las oficinas de la FGJ para aclarar su situación jurídica. Dijo que el exgobernador se retiró por propio pie, pues la Fiscalía no tenía algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención.
“Es importante mencionar que el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas, es decir, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, sin una respuesta oficial”, insistió Lara pues el personal ministerial de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción.
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“Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”, acusó Lara.
