La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) dio este martes el visto bueno a la apertura de una "discusión pública" para abordar la reforma constitucional judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"JUFED está abierta al diálogo, porque reconoce que el poder judicial forma parte del sistema democrático constitucional que debe regir en México", explicaron los jueces.
La asociación suavizó así su posición tras haberse mostrado muy crítica al respecto en un principio, cuando tildó la propuesta del Gobierno como una "absoluta injerencia en la independencia judicial que propicia la afectación de los derechos humanos de los mexicanos".
Esta nueva postura coincide con el anuncio de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, quien aseguró que su intención es hacer una “discusión muy amplia” en todo el país sobre la reforma, que involucre a colegios de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.
La próxima presidenta de México dijo que la ‘cuarta transformación’ busca procurar una mayor justicia “en todos los sentidos”, con un “sistema de justicia que funcione”.
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“Entonces, no tienen por qué tener preocupación por una reforma en el Poder Judicial, porque finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia para nuestro país”, aseveró Sheinbaum.
López Obrador quiere acelerar la aprobación de la reforma, que permitiría elegir por voto popular a jueces, a magistrados electorales y a la Suprema Corte, una vez que su alianza de partidos tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, necesaria para modificar la Constitución.
La reforma del Poder Judicial es la iniciativa de López Obrador que mayor nerviosismo causa en los mercados y el peso mexicano se depreció más del 8 por ciento la semana pasada tras los resultados de las elecciones del 2 de junio.
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Los analistas anticipaban la victoria de la candidata presidencial del oficialismo, Sheinbaum, quien ganó con casi un 60 por ciento de los votos, pero no preveían que su alianza de partidos obtuviese una mayoría de dos tercios en el Congreso, con lo que podrían reformar la Constitución sin negociar con la oposición.